El equipo de Gobierno de PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza somete este miércoles a votación su proyecto de ordenanzas, un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) anunciase que se anula el impuesto de la plusvalía, el segundo más importante del consistorio, después del IBI, y que este año generará unos ingresos de unos 40 millones, que se elevarán hasta los 45 en 2022. 

En principio, la sesión se celebrará con normalidad y se mantendrá en el orden del día el punto que hace referencia a la plusvalía, aunque desde Podemos han solicitado que se «retiren todas las ordenanzas y se empiece de cero otra propuesta justa».

La titular de Hacienda, María Navarro, explica que hasta que no se publique la sentencia el consistorio tiene la obligación de seguir tramitando el impuesto. «Estamos perplejos y preocupados por el caos que se puede generar en la liquidación y la inseguridad jurídica que ocasiona este anuncio, además del atasco que puede ocasionar en la administración», señala la concejala, que confía en que el Gobierno de España regule con celeridad el criterio al que hace referencia el TC para poder mantener en vigor el impuesto porque, en caso contrario, generaría un «agujero» en las arcas imposible de asumir, de hasta 2.500 millones en toda España solo en este concepto.  

Ya no solo porque el presupuesto del 2022 partiría con un salgo negativo de 45 millones, sino por las cuantías que tendría que devolver el consistorio de los últimos cuatro años. 

Propuesta de PP-Cs

En la propuesta que se somete a votación PP-Cs plantean una revisión de este tributo. Zaragoza es la ciudad de Aragón que más bonifica la plusvalía mortis causa, un 95% en el caso de la vivienda o empresa habitual y un 50% en un segundo inmueble con un valor catastral de hasta 150.000 euros. El equipo de Gobierno de PP-Cs pretende aumentar la bonificación en plusvalía por heredar y se pasa de una reducción del 50% a una del 60% en el caso de un inmueble adicional siempre que sea un garaje o trastero y que su valor catastral sea inferior a 150.000 euros.  

En cuanto al IBI, proponen reducir el tipo general hasta el 0,4087 (un 0,87% menos que en el presente ejercicio), de manera que estaría por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 0,5642. Tanto Vox como la izquierda han presentado votos particulares para que se reduzca todavía más, hasta el mínimo legal, el 0,4, aunque la ultraderecha está dispuesta a ceder y propone rebajarlo un 1,8% respecto a este año.