El Ayuntamiento de Zaragoza va a reclamar al Parque de Atracciones 423.762,47 euros en concepto de un canon variable que, según los responsables municipales, los gestores de este recinto de ocio tendrían que haber abonado desde 2016. Desde ese año, la empresa adjudicataria que explota las instalaciones solo ha abonado 16.119,94 euros atendiendo al sistema de cálculo del canon que estaba establecido, si bien, el consistorio afirma ahora que, tras una revisión del contrato de la concesión, la cuenta se venía haciendo mal, por lo que la cuantía adeudada es mayor.
Los gestores del Parque de Atracciones por el momento no han recibido la notificación por parte del consistorio y, aunque no descartan emprender acciones legales, por el momento se muestran «tranquilos» ya que es un asunto «que se lleva tiempo hablando» y en el que siempre ha existido discrepancia.
La concesión que permite a la empresa explotar estas instalaciones de ocio es la más antigua del Ayuntamiento de Zaragoza y está en vigor desde 1972. El consistorio y la parte privada no se ponen de acuerdo tampoco sobre cuándo acaba el contrato, si en 2022 o en 2024, pero lo que sí está claro es que, según lo firmado hace casi medio siglo, la adjudicataria debía pagar una cuota fija no inferior a 25.000 pesetas al trimestre, que ahora estaba fijada en 721,21 euros al año.
No hay debate sobre esta cantidad, sino que la polémica está ahora en el canon variable que la adjudicataria debería haber abonado al ayuntamiento por su actividad. Según un expediente aprobado ayer por el equipo de Gobierno municipal, en el pliego de condiciones del contrato original se establece que la empresa que explotara las instalaciones debe pagar una cuota variable que depende «de la entrada al recinto del Parque –es decir, del número de personas que acceden al recinto–, que no será inferior al 15% de lo que ingrese por ese concepto».
La cuestión es que hasta ahora el cálculo de ese canon variable se realizaba en función de los datos suministrados por la empresa, «que se circunscribían únicamente al número de entradas individuales, sin tener en cuenta el resto de formas de acceso», como son las entradas colectivas, las que son mediante pulsera, los tickets para diferentes eventos celebrados y la piscina, que suman el 90% del total.
Así se hace el nuevo cálculo
Ahora, una vez el interventor municipal ha revisado las cuentas, el consistorio ha modificado el criterio para calcular ese canon variable, cogiendo como referencia el precio de las entradas individuales sin IVA (4,96€ en 2019) y aplicándolo al número total de accesos al parque, lo que, según el expediente municipal, «no perjudica a la concesión» dado que ese no es el precio real que cobra por los tickets más usados, como son las pulseras, que son más caras.
Aplicando este nuevo sistema, resulta que la empresa debería haber pagado entre 2016 y 2019 439.882,41 euros, y no solo 16.119,94 como ocurrió en realidad. La diferencia, esos 423.762,47 euros, es lo que el consistorio reclama. Las cantidades de los años anteriores no se pueden reclamar porque han prescrito.
Así, el nuevo sistema para calcular esta cuota, que se aplicará desde ahora, se calcula multiplicando el número de visitantes al parque por el precio de la entrada básica. Del resultado se extrae el 15% y eso es lo que la concesión debe abonar.
Por ejemplo, en 2019 el recinto registró 222.584 accesos y el precio del ticket básico era de 4.96 euros sin IVA. Eso supone 1.104.016 euros y el 15% de esa cantidad son 165.602,49 euros, que es lo que la concesión adeuda de ese año según el ayuntamiento.
