Macarena (su nombre es ficticio, prefiere mantener el anonimato) vive con la friolera de 10,35 euros al día. Con los precios de la comida al alza, los de la luz disparados y los de los alquileres prohibitivos cobra mensualmente 269 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otros 52 del complemento económico aragonés. Es decir, que pasa el mes con 321 euros, 10 euros y 35 céntimos por día. 

Según sus cálculos, con el anterior Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) habría recibido casi 500 euros, 180 más que los actuales. ¿Por qué? Porque para recibir la renta básica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene en cuenta los ingresos del año anterior y Macarena cobró la renta activa de inserción (RAI) durante 2020. Así que se presupone que tiene unos ahorros con los que tirar hasta que lleguen tiempos mejores. 

«El IMV se solicita para comer, para pagar la luz, la calefacción, para cubrir las necesidades más básicas que tiene una familia, y debería tener en cuenta que las situaciones sobrevenidas existen, que son las que no se contemplan», denuncian desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, muy críticos con las condiciones que se exigen para recibir esta ayuda y, sobre todo, con los complementos económicos aprobados por el Gobierno de Aragón para llegar donde la subvención nacional no lo hace. 

Bajo el nombre de Prestación Aragonesa Complementaria, el Ejecutivo aprobó este apoyo subsidiario como alternativa al IMV y con la idea de cubrir la diferencia económica con el anterior IAI. Un propósito que no acaba de cumplir su función, como los trabajadores sociales ya advirtieron que sucedería. 

Alternativas

Con 10 euros y 35 céntimos es imposible salir adelante, por lo que Macarena recurre al ayuntamiento de la localidad en la que reside y a las ayudas de urgente necesidad que, por cierto, este año han experimentado un importante crecimiento de las solicitudes para el pago de las facturas de la luz y el gas, además del alquiler.  

Todavía hay casos más angustiosos que el de Macarena, aunque parezca mentira. Según denuncian desde el Colegio de Trabajadores Sociales, desde el Gobierno nacional «dan por sentado que todas las situaciones de vulnerabilidad económica son recogidas por la renta básica y no es así» por lo que muchas personas se quedan fuera de la lista.  

Le sucede a Lucía (también nombre ficticio), que vive con su hijo de dos años. Hace unos meses que se separó y no tiene ingresos porque, al poco de hacerlo, se le agotó el subsidio. Cuenta que ha tenido que renunciar a más de un trabajo para poder cuidar del pequeño porque no puede permitirse una guardería y no tiene una red familiar en la que apoyarse. 

El Gobierno central (encargado de la gestión y aprobación) le ha denegado el Ingreso Mínimo Vital y, como Macarena, malvive con las ayudas de urgente necesidad. Para más inri, no le van a renovar el alquiler y es consciente de que no va a tenerlo nada fácil para conseguir un nuevo contrato, admite. 

Como le sucede a Macarena, no recibirá la prestación económica porque el año pasado, cuando convivía con su expareja, sí tenía una serie de ingresos. «Cuando se redactó la orden se obvió que las situaciones son cambiantes, que uno puede perderlo todo de repente y quedarse en la calle», insisten los trabajadores sociales. 

Otras situaciones

Por no hablar de que la renta básica «obvia la diversidad social». Las parejas de hecho o las familias monomarentales tienen serios problemas para que les concedan estas ayudas. Son situaciones que no contempla el Ingreso Mínimo Vital y, por lo tanto, tampoco la prestación económica. 

Desde el Colegio de Trabajadores Sociales reclaman que el Gobierno aragonés modifique los requisitos y valore «la vulnerabilidad del presente» ya que está es la única manera de poder llegar a esas personas que se han quedado sin nada. Cada uno por sus circunstancias.