El modelo de videovigilancia de El Gancho se va extender a otras zonas de Zaragoza como e l barrio Oliver. Allí se van a instalar dos cámaras en la calle Antonio Leyva que cuentan con el apoyo de todo el tejido asociativo vecinal.
Por el momento no hay fecha para la colocación de esta medida de seguridad ciudadana puesto que depende de la reunión y aprobación de Comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón (integrada, entre otros organismos, por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Delegación del Gobierno en la comunidad, la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias). Allí se analizará la viabilidad del sistema previo informe que está realizando la Policía Local.
Esta solución para incrementar la seguridad ciudadana no es novedosa, aunque en la capital aragonesa comenzó a emplearse en diciembre de 2020 cuando los vecinos de El Gancho dijeron basta a los continuos hechos delictivos que se estaban registrando en las calles como eran los robos con fuerza, los atracos, el tráfico de drogas, así como la prostitución callejera y la okupación de viviendas. Las primeras del proyecto piloto se instalaron en las calles Ramón Pignatelli, en las esquinas con Cerezo y con Zamoray, y las otras dos en Agustina de Aragón, en la confluencia con Miguel de Ara y con Cerezo.
A estas cuatro se han sumado recientemente otras cuatro situadas en la calle Boggiero número 74; calle San Pablo número 71; calle Cerezo número 62; y calle Aguadores, 12. La videovigilancia se supervisa desde la Policía Local de Zaragoza y es un complemento a los refuerzos policiales realizados durante esta legislatura.
Todo ello tiene una función de vigilancia, pero también disuasoria, al igual que las macrorredadas que la Jefatura Superior de Policía de Aragón puso en marcha de forma periódica y que en los últimos meses dejaron de practicarse ante un descenso de la delincuencia. Hasta la puesta en marcha en El Gancho, la capital aragonesa contaba con 13 cámaras destinadas a proteger edificios y monumentos como el del Justicia, en la plaza Aragón o el Alma del Ebro junto al palacio de Congreso de la Expo, así como otras 70 que gestiona la Policía Local y que van encaminadas a la movilidad del tráfico. La novedad es que se suma a otras ciudades españolas como Madrid, Málaga o Barcelona, pero también aragonesas que las han incorporado como arma contra la delincuencia.
Huesca y Ejea de los Caballeros, con 53.000 y 16.000 habitantes, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son las ciudades que más cámaras tienen desplegadas. Ambas localidades cuentan con una Policía Local que gestiona las imágenes, si bien el cambio vino en el 2019 cuando la Delegación del Gobierno en Aragón creó un marco jurídico para dar cabida a las solicitudes de los municipios carentes de cuerpos policiales propios. Fue de la mano de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. De esta forma se reforzaba la vigilancia en el medio rural, lugar en el que es competente la Guardia Civil, cuya falta de efectivos ha sido reiteradamente denunciada por las asociaciones profesionales. Ricla y Los Fayos fueron las primeras en recibir el visto bueno e instalar entre ambas 18 cámaras.
