El 1 de enero de 2023 entrará en vigor la zona de bajas emisiones en todos los municipios con más de 50.000 habitantes, salvo que el Estado escuche la reclamación del Ayuntamiento de Zaragoza y otros tantos, que solicitan que se posponga un año, hasta enero de 2024.
Así lo ha anunciado la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, que ha explicado las alegaciones que ha presentado la capital al proyecto y ha dejado entrever que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene previsto atender la demanda municipal y aprobar un Real Decreto ampliando el plazo.
Fue el concejal de ZeC, Alberto Cubero, el que ha preguntado durante la comisión de pleno sobre el futuro de la zona de bajas emisiones. En concreto, sobre su extensión, que sigue siendo todo un misterio a día de hoy.
Chueca no ha dado pistas al respecto, pero sí que ha admitido que Zaragoza podría llegar a tiempo, o, como mucho, ponerla en marcha el 1 de marzo de 2023.
El ayuntamiento también ha solicitado que se pueda implementar por fases, «pensando en la adaptación y transición del parque de vehículos, para que pueda ser de manera gradual». Un periodo de adaptación con la mente puesta en 2030, el año en el que la capital debería ser climáticamente neutra. Al menos a eso se ha comprometido Jorge Azcón.
Por otro lado, el consistorio zaragozano también ha solicitado que los parámetros de medición de la calidad del aire no sean los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que se trata de «recomendaciones» que, por cierto, son mucho más exigentes que la normativa europea.
Por último, Zaragoza ha solicitado tener cierta autonomía municipal, y que las ordenanzas puedan regular los nuevos modelo de movilidad urbana.
