De nada le han servido a Javier Lambán sus ultimátums y advertencias porque en el Ayuntamiento de Zaragoza no parece que tengan intención de alterar sus propios tiempos. La fecha límite que señaló en el calendario el Gobierno de Aragón para desbloquear las actuaciones urbanísticas acordadas en la bilateral celebrada en noviembre de 2019 ha finalizado este lunes sin que el consistorio haya movido ficha.
Habrá que ver ahora la respuesta del Gobierno de Aragón, que ha preferido no hacer declaraciones, y que antes de acudir a los tribunales exigirá mediante un requerimiento el cumplimiento de los acuerdos. Un proceso previo --y obligatorio-- que tiene unos plazos por lo que es muy posible que antes de que la DGA pueda recurrir a la justicia esté lista y aprobada la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de los suelos de Torre Ramona donde Lambán quiere construir vivienda.
Tanto es así que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asegurado durante la comisión de su área que la reordenación de este terreno estará lista en noviembre. Según ha explicado durante un tenso debate con el concejal del PSOE, Horacio Royo, el expediente de Torre Ramona no se ha elevado este lunes a Gerencia --como exigió el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón-- «porque ha habido que resolver una serie de alegaciones que hizo el Gobierno aragonés sobre volúmenes y edificabilidad».
Ha asegurado que «todos los asuntos pactados en la bilateral estarán finalizados entre este año y el primer trimestre de 2023», es decir, antes de las elecciones. Una cita que, ha dicho, ha motivado la actitud del Presidente. «La decisión de Lambán de confrontar con el ayuntamiento la toma por una cuestión electoral», ha afirmado Serrano, que ha avisado que mientras esté al frente de la concejalía de Urbanismo no se construirán pisos en el solar de la calle Embarcadero que ahora se utiliza como aparcamiento y donde la DGA tenía previsto construir vivienda.
Más vivienda
Este sería otro de los incumplimientos de Jorge Azcón. En la bilateral, ambas instituciones acordaron negociar una permuta pero, según Serrano, la propuesta autonómica es «exorbitante», por lo que no parece que las conversaciones vayan por el buen camino. En este sentido, Royo le ha animado a presentar una contraoferta en lugar de adoptar una postura de «obstruccionismo y bloqueo».
El socialista ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas que se está encontrando el Ejecutivo autonómico para conseguir la licencia de obra del proyecto Residencial Pirineos, destinado al alquiler de jóvenes, y que fue objeto de polémica durante el verano.
Como también lo ha sido el pago de la deuda del tranvía, origen del último cruce de acusaciones entre una institución y otra. El mismo día en el que la Justicia condenó a la DGA a pagar 24,5 millones por las obras del tranvía --que en su día se negó a pagar Rudi--, el presidente aragonés remitió una carta al alcalde avisándole de los incumplimientos de la bilateral y exigiéndole celeridad para resolver los asuntos pendientes.
Pero no parece que las advertencias vayan a alterar los planes de Azcón. Al menos, ya ha hecho caso omiso al primer ultimátum del presidente aragonés.
