Todo proceso de expropiación conlleva quejas y reclamaciones por parte de los afectados, y el caso de Zamoray-Pignatelli no se queda atrás. El Ayuntamiento de Zaragoza anunció a finales del pasado mes de septiembre que iba a iniciar un proceso para hacerse con 14 fincas en el entorno de este barrio para frenar la degradación que padece la zona. Pero en uno de los pisos que van a ser expropiados vive Cristina Rincón, propietaria de una vivienda en el número 48 de la calle Pignatelli y donde lleva residiendo décadas. «Es mi vivienda habitual. No la alquilo a nadie ni está okupada. Tengo la casa pagada y ahora me llega una carta del ayuntamiento en la que me dicen que me van a expropiar. Me dan 20.000 euros. ¿Dónde voy yo con 20.000 euros?», lamenta Rincón.
Esta mujer tiene 54 años y hace «unos 15» que adquirió su piso, en el que previamente había estado viviendo de alquiler. Durante todos estos años ha estado sufriendo las consecuencias de habitar en un barrio en el que los problemas y altercados en la calle eran casi diarios, pero no esperaba que su marcha fuera a ser en estas circunstancias.
«No debo el IBI ni debo nada», asegura Rincón, que ha contactado ya con una abogada para presentar alegaciones y recurrir el proceso expropiatorio. No obstante, al justificarse este procedimiento con la ampliación del parque público de vivienda y basándose en el plan especial de Pignatelli, el justiprecio establecido por el consistorio puede recurrirse pero sin que ello suponga frenar la operación de expropiación.
«Lo normal entiendo yo es que me dieran alguna solución. Que me dieran una alternativa a cambio. Porque con 54 años y 20.000 euros dime tú quién me va a conceder una hipoteca para comprarme otra casa», insiste la mujer. Compartía el edificio con otras seis viviendas y el justiprecio que le ofrecen, 18.726,68 euros exactamente, está basado en el valor del solar y no de la construcción al considerar los técnicos municipales que el estado de conservación del edificio «es muy deficiente». «A efectos valorativos se considera que concurren los requisitos de antigüedad y estado de conservación para que considerar que la edificación se encuentra en situación de ruina física por lo que el valor del suelo equivale al valor al del solar sin edificar sin estimar la carga añadida que supondría la demolición del inmueble», reza el expediente de expropiación.
Sin embargo, Rincón duda que su edificio se encuentre en estado de «ruina física» puesto que, hace pocos meses, el ayuntamiento realizó una serie de reparaciones de forma subsidiaria en el edificio para después repercutirles la factura a los propietarios. A ella le toca pagar unos 4.000 euros, y también ha recurrido esta decisión puesto que incluye reparaciones que se hicieron dentro de otros pisos del inmueble y no solo en las zonas comunes. «No puede ser que me quieran hacer pagar 4.000 euros por unos arreglos y ahora me digan que el edificio está en ruinas», argumenta.
La Plataforma de El Gancho
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explicaron este jueves que, de todas formas, la expropiación no supone el desalojo inmediato de las viviendas y que, una vez finalice el periodo de alegaciones, valorarán la situación de cada residente para, en caso de que sea oportuno, como cuando hay menores habitando en un piso, se ofrezca una alternativa habitacional.
Y desde la Plataforma de Afectados de El Gancho y Pignatelli aseguran que, como el caso de Rincón, hay más. «Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se expropien estos edificios y se vayan a construir nuevas viviendas. Eso nos parece bien. Pero creemos que tendrían que ofrecerse alternativas a todas las personas que no estaban okupando ilegalmente los pisos y que no incurren en ninguna actividad delictiva», explican desde la asociación vecinal. «Tampoco entendemos, eso sí, que se vayan a dar tanta prisa con Pignatelli 48 cuando hay otros que no se han expropiado y en el que siguen vendiendo droga», critican.
