La okupación con menores aumenta en Zaragoza

El dato es preocupante. Los menores cada vez están más presentes en las okupaciones ilegales registradas en Zaragoza, una situación que complica los procesos de desalojo, que no pueden llevarse a cabo hasta que los servicios sociales pueden ofrecer una alternativa habitacional a las familias implicadas. En el 14% de los casos atendidos por el servicio de asesoramiento jurídico gratuito del consistorio hay menores, lo que supone un incremento del 6% respecto al año pasado. 

El balance anual de esta oficina, gestionado por el Colegio de Abogados de Zaragoza, vuelve a poner el foco en el Casco Histórico y Delicias, donde se concentran los casos de viviendas usurpadas. Se estima que en la capital aragonesa hay alrededor de un centenar de inmuebles okupados, algunos de ellos al completo. Es lo que sucede en la calle Orense, en Torrero, o Eva Duarte, en el barrio Oliver, donde hay edificios enteros habitados de forma ilegal. 

Este problema no es exclusivo de la capital y afecta tanto a las grandes urbes como a los municipios más pequeños, donde también tienen que hacer frente a esta práctica ilícita. Para tratar de ayudar a los afectados, el ayuntamiento puso en marcha un servicio de gratuito en 2021 en el que se informa de las vías legales a las que pueden recurrir.

Okupación social

Desde los colectivos sociales advierten de la importancia de diferenciar la okupación social, por encontrarse en una situación de exclusión social y sin ayuda de las instituciones públicas, con la que tiene un claro fin delictivo. Es decir, viviendas que se convierten en narcospisos donde se trafica con drogas y donde se generan problemas de convivencia, de seguridad e incluso de insalubridad, como denuncia los vecinos de El Gancho.

Más de 1.000 personas están empadronadas en Zaragoza en pisos okupados

La oficina de asesoramiento municipal atendió durante el año pasado 73 denuncias que afectan prácticamente «a todos los barrios», explica el responsable de la oficina de asesoramiento, Alberto Peiró. Son menos que en 2021, cuando se registraron 191 servicios. Un descenso que no tiene nada que ver con la disminución de la okupación. «No tiene nada que ver, las usurpaciones siguen creciendo en España», aclaró el letrado. 

Lo que ha sucedido, explica, es que cuando se puso en marcha a oficina había muchos afectados que no habían tenido la oportunidad de asesorarse de forma gratuita antes de recurrir a la vía judicial. Esto provocó que en el primer trimestre la demanda fuera «muy alta», mientras que el resto del año se moderó. «El servicio del Colegio de Abogados ha sufrido el mismo proceso», matiza Peiró, que destaca la presencia de los menores en los casos analizados.

Familias vulnerables y con menores

En el 14% de las viviendas usurpadas (32) hay niños y niñas residiendo, una situación que se comunica de inmediato a los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene obligación de actuar y ofrecer una alternativa habitacional. Es Zaragoza Vivienda la que se encarga de buscar un piso en el que realojar a estas familias, condición sine qua non para expulsarlo del piso usurpado. 

Desde la sociedad municipal han rehusado ofrecer información sobre el número de pisos que tienen reservados para afrontar estas situaciones y el protocolo que deben seguir sus trabajadores. 

Por barrios

En cuanto a los barrios que presentan mayores problemas destacan el Casco Histórico y Delicias. Esto no significa que el resto de ciudades se libre, en absoluto. «Hemos atendidos casos que afectan a prácticamente todos los barrios», matiza Peiró. 

De los 246 casos atendidos por la oficina municipal, el 28% afectaban a inmuebles del Casco Histórico, un 22% a viviendas de Las Delicias. Estos dos distritos concentran la mitad de las okupaciones y coinciden que se trata de los barrios con mayor envejecimiento demográfico y población migrante, menor nivel de renta y precio de la vivienda y donde hay más pisos deshabitados. Le siguen en la estadística Las Fuentes y en Torrero-La Paz, donde se concentran el 9% de los casos, respectivamente. 

Según el balance anual, en el 92% de las denuncias registradas se trataba de casos de viviendas okupadas, «la mayoría segundas residencias» --apunta Peiró--, frente a un 6% de edificios completos, un 1% de locales y otro 1% de solares. El 71% de las denuncias las realizaron propietarios de las viviendas afectadas, mientras que en el 28% de los casos eran vecinos o comunidades afectadas. 

Peiró explica que son tres las situaciones más frecuentes. La primera es la apropiación de una vivienda no habitual que, tras una herencia, suele permanecer cerrada durante un tiempo indefinido. También se ha detectado un aumento de las usurpaciones de pisos destinados al alquiler que permanecen cerrados durante temporadas muy concretas, como el verano. 

El negocio del piso okupado

Peiró alerta de la existencia de «grupos criminales» que se dedican a detectar pisos vacíos y a comercializar con ellos, alquilándolos de forma ilegal y sin contrato por 300 y 500 euros. 

Por no hablar del negocio de ciertas inmobiliarias, que se dedican a vender pisos okupados a mitad de precio y que exige un proceso de mediación que no suele resultar ni barato ni ágil, además de una rehabilitación integral de la vivienda.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, subraya que la okupación guarda relación con la seguridad y el mantenimiento de los barrios. «Atajar la ocupación ilegal en las ciudades es una obligación estratégica desde el punto de la vivienda y del Urbanismo», señala Serrano, que lamenta que durante el anterior mandato de ZeC «se privilegiara» a los okupas. 

También apela a la importancia que tiene la colaboración entre instituciones a la hora de atajar este problema y la necesidad que tienen los ayuntamientos para poder actuar con mayor independencia para ordenar el desalojo de las viviendas o edificios habitados de forma ilegal.