La falta de pisos sociales dificulta el acceso a la vivienda en Zaragoza y Aragón

La okupación, en la mayoría de las ocasiones, es un problema derivado de la falta de recursos de las familias que «no tienen otro remedio» que meterse en un piso para poder vivir bajo un techo. La alternativa sería la calle. «La mayoría de las personas con las que trabajamos son familias con menores y que están en pisos de bancos y grandes tenedores», asegura Concha Cano, portavoz de Stop Desahucios en Zaragoza. El problema de la mayoría es también que sus ingresos no son regulares, por lo que acceder a un piso de alquiler se les hace casi imposible.

«Cada vez es más difícil poder alquilar un piso porque exigen un montón de condiciones. Ya no solo los ingresos del último mes, sino que hay agencias que piden conocer los ingresos y gastos de una familia en los últimos meses», asegura Cano. Y el problema es que cuando el mercado privado no da soluciones para garantizar el derecho a una vivienda, recogido en la Constitución, las diferentes administraciones tampoco ofrecen alternativas.

«En el caso del Gobierno de Aragón han hablado mucho pero han hecho poco», lamenta Cano con respecto al número de viviendas públicas que existen en la comunidad. En Zaragoza, por su parte, la lista de espera para acceder a un piso del ayuntamiento alcanza las 7.000 peticiones. «Hay personas que han estado más de 5 años esperando un piso», asegura un trabajador social de Zaragoza Vivienda, la sociedad pública que se encarga de gestionar estos recursos.

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«Nosotros acompañamos a las familias que entran en los pisos de Zaragoza Vivienda pero llegar hasta ese punto es muy complicado porque en Zaragoza y en toda España hay un déficit de viviendas sociales. El porcentaje en nuestro país es de un 2%, cuando en la Unión Europea llega al 15%», asegura este trabajador social, que prefiere no decir su nombre.

Para poder acceder a un piso hay que apuntarse en una bolsa de vivienda y, en orden de llegada, se van asignado los pisos que quedan libres. Zaragoza Vivienda tiene unos 2.000. «Y no están vacíos. Los que se quedan libres están como mucho 2 o 3 meses vacíos entre que se hace el mantenimiento y se asignan de nuevo», asegura este empleado público.

Una familia okupa, víctima de la precariedad: "Alquilar un piso es imposible"

También, explica el trabajador social, existen ingresos que se hacen de forma más rápida por cuestiones extraordinarias como situaciones de violencia machista. «Pero la mayoría van por la bolsa», apunta. Cuando la familia solicitante llega arriba se les hace una entrevista para tratar de amoldarse a sus necesidades concretas.

 Con respecto a los perfiles de las personas solicitantes, explica que se trata de personas con un nivel educativo inferior a la media, sin ingresos estables y también «gente mayor con pensiones no contributivas».

Ejemplos de racismo

Pero la portavoz de Stop Desahucios apunta a otras causas que también dificultan el acceso a una vivienda. «Hay personas que sí que tienen trabajo y dinero para pagar un alquiler pero que no encuentran porque son discriminadas por ser de una etnia determinada y no tienen otro remedio que la okupación», apunta Cano.

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«Una chica que atendimos trató de alquilar un piso y cuando dijo su nombre le dijeron que ya estaba dado. Pero llamé yo, di mi nombre y me dijeron que seguía libre», asegura Cano.

En Cáritas también atienden a personas con dificultades para acceder a una vivienda. Ofrecen ayudas para poder pagar el alquiler o para poder depositar una fianza. «En 2021 tramitamos 4.312 ayudas relacionadas con asuntos de vivienda que supusieron 1.015.000 euros. En 2022 descendió el número hasta las 3.469 y los 866.570 euros, pero el porcentaje que esto supone del número total de ayudas que damos por distintos conceptos ha subido», afirma la coordinadora de Intervención Social de esta entidad, Ana Mari Gutiérrrez. «El problema de la vivienda deriva de la escasez y de que son muy caras para muchos. Por eso hay personas que acaban en habitaciones realquiladas lo que genera problemas de hacinamiento y convivencia. Esto se tendría que abordar con más vivienda social y pública», sentencia. 

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