El portavoz del grupo de Zaragoza en Común (ZeC) en el ayuntamiento de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, pidió este miércoles de nuevo que se «esclarezca» si hubo irregularidades o trato de favor en la autorización de la licencia de demolición de un quiosco en el paseo San Sebastián, en el Parque Grande José Antonio Labordeta, a favor de una de las compañías del empresario Juan Forcén, «cercano al alcalde Jorge Azcón».
Con esta finalidad, el pleno ya aprobó una moción el pasado mes de septiembre que reclamaba la constitución de una comisión de investigación. Puesto que no se ha impulsado todavía, ZeC defenderá en el pleno del mes de febrero otra moción en la que se pedirá detallar el régimen de funcionamiento de la misma, su composición, concejales adscritos, fecha de constitución y duración, para así asegurarse de que la comisión se llevará a cabo.
En una rueda de prensa, el portavoz de ZeC confió en que esta pueda celebrarse a partir de marzo. Santisteve explicó que Forcén se llevó la adjudicación de siete quioscos en zonas emblemáticas de Zaragoza. En concreto, cinco de los seis quioscos del Parque Grande Zaragoza José Antonio Labordeta» que salían a concurso recayeron en sociedades de este empresario. Para estos cinco establecimientos solo se presentaron las ofertas de las empresas de Forcén.
El también exalcalde de ZeC, Pedro Santisteve, manifestó que el nombre del empresario también aparece en otros asuntos «conectados con el ayuntamiento», como en el caso de la presidencia de la junta de compensación «en la que la familia del alcalde tenía terrenos por valor de un millón de euros y de las que se impidió, en todo momento, la posibilidad de una comisión de investigación».
También mencionó, asimismo, la «privatización» de La Romareda, con la propuesta de cesión de superficie a 75 años. «Demasiadas conexiones con el alcalde y la disposición de los recursos públicos de esta ciudad», señaló. Forcén es el único consejero de la antigua propiedad del Real Zaragoza que queda en la actual, que es la que está dispuesta a financiar las obras de renovación del campo de fútbol.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano,preguntado sobre esta cuestión en rueda de prensa, se limitó a decir que en su momento ya dio cuenta al respecto en la comisión de su área. «Demostré que el plazo medio para conceder este tipo de licencias es de 49 días, mientras que en ese caso (el del derribo de uno de los quioscos que la empresa de Forcén renovará y gestionará) se concedió en 53 días», argumentó contra el presunto trato de favor.