'Recalificación a la carta en Zaragoza': un viejo local reconvertido en un piso de 200 metros cuadrados

Zaragoza cuenta ya desde hace un par de años con una regulación que permite que algunos locales comerciales se conviertan en viviendassiempre que cumplan con una serie de requisitos. No pueden estar situados en calles centrales y deben tener un tamaño y unas características concretas. 

No obstante, parece que no todo el mundo quedó satisfecho con aquel cambio normativo, que se hizo a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), puesto que la comisión de Urbanismo ha aprobado, en fase inicial y con los votos de PP, Cs y Vox, otro cambio en el PGOU pero no para que más locales, en general, puedan transformase en hogares, sino para que un local en concreto que se quedó fuera del anterior ajuste legal pueda reformarse para pasar a ser una casita cumpliendo con todas las de la ley.

La modificación del PGOU, eso sí, no contó con los votos a favor de todos los grupos, puesto que PSOE y Podemos se mostraron contrarios a cambiar las normas de funcionamiento en materia urbanística del ayuntamiento solo para atender un caso particular. 

En concreto, la modificación realizada, que ahora se someterá a información pública para poder recibir alegaciones, permitirá «posibilitar el uso residencial de un local sito en la calle Aguarón 15», en el barrio Jesús de la capital aragonesa. 

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Una vivienda de 200 metros cuadrados

El cambio en el PGOU se realiza «a instancia» de la empresa Neurbe Pirineos SL, y según afirmó el concejal del PSOE Horacio Royo, el resultado de la reforma será una vivienda de más de 200 metros cuadrados, puesto que unirá los metros del establecimiento del bajo con los del piso situado justo encima. 

Según defendió Royo, «es llamativo» que el ayuntamiento modifique el PGOU tras la petición de «una importante constructora» porque su caso particular, construir una vivienda en un local concreto, «no encaja en la norma general». «Es una modificación ad hoc», criticó el socialista, a cuyas críticas se le unieron las del concejal de Podemos, Fernando Rivarés.

«Las obras se tienen que hacer en función de la ley y no al revés», añadió el portavoz de los morados, quien afirmó que se trata de una «modificación» para satisfacer «el capricho» de una constructora. Ambos recordaron además que, aunque cualquier ciudadano puede instar al consistorio para modificar el PGOU, es necesario contar con un asesoramiento jurídico y en materia de urbanismo que no todo el mundo, o más bien casi nadie, puede pagar. 

«Es verdad», reconoció el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. «Desafortunadamente, no todas las personas tienen los mismos medios», añadió antes de afirmar que el cambio en el PGOU es legal y que cabe la posibilidad de alegar.