Zaragoza avala el plan Romareda con informes y Soro insiste en las dudas legales

El Gobierno de Jorge Azcón seguirá adelante con el plan Romareda, que quiere aprobar cuanto antes para sacar a licitación de la construcción del nuevo estadio antes de las elecciones del 28 de mayo. Lo hará pese a las advertencias del Gobierno de Aragón sobre la legalidad de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesta por el área de Urbanismo, que ha presentado hasta tres informes que avalan jurídica y legalmente la operación.

Desde el Ejecutivo autonómico han insistido en que "no judicializarán" el plan, pero el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, insiste en que es necesario presentar el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para tramitar la Operación Romareda y señala que las fallas legales que ya advirtió "con lealtad institucional y porque hay tiempo de hacerlo bien" siguen ahí.

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Este miércoles, después de la presentación de informes por parte del concejal Víctor Serrano, Soro ha recordado que el Consejo provincial de Urbanismo emitió "diez requerimientos" solicitando el texto refundido. "Es tan fácil como presentarlo", ha reiterado.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha comparecido este miércoles a petición propia para defender la legalidad del proyecto, cuestionada por el Gobierno de Javier Lambán, que el pasado viernes anunció que había presentado dos alegaciones a la modificación del planeamiento tras detectar dos posibles deficiencias legales en las que podría estar incurriendo el Ayuntamiento de Zaragoza.

Recapitulando. Primero, el consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro (CHA), explicó que el consistorio no tendría capacidad para aprobar definitivamente la modificación del PGOU que sustenta la operación Romareda puesto que esta modificación es "sustancial" y no "menor", de manera que tendría que ser –siempre según la DGA--, la Comisión Provincial de Urbanismo, y no el consistorio, quien dé el visto bueno a los cambios normativos en el ordenamiento de la ciudad.

Segundo, Soro alegó que Zaragoza no cuenta en estos momentos con un texto refundido de su Plan General, a pesar de que el Gobierno de Aragón se lo requirió ya en septiembre, de manera que, hasta que no lo presente, no podría seguir tramitando modificaciones que afecten al planeamiento. En todo ello se ha ratificado el titular de Vertebración este mismo miércoles.

Primer informe: el ayuntamiento tiene competencias

Hoy, el concejal de Urbanismo ha presentado en la comisión de Urbanismo tres informes que, para el equipo de Gobierno PP-Cs, niegan la mayor y que no entran a valorar la modificación en sí. El primero de ellos lo firma la jefa de Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce, que ha explicado que el ayuntamiento está "homologado" desde 2013 para realizar modificación del planeamiento menores, por lo que entiende que el Comisión Provincial de Urbanismo "puede solicitar" al consistorio que trabaje en la redacción de un texto refundido, pero no exigirlo.

"Dado su carácter facultativo, el Comisión Provincial de Urbanismo puede recomendar la realización de un texto refundido pero no requerirlo porque supondría una imposición de un órgano que no tiene intervención en su elaboración" , ha señalado la jefa del departamento, que ha subrayado que todas las modificación aisladas o parciales del PGOU son públicas y pueden consultarse.

Herce ha admitido que el primer requerimiento de la DGA llegó el 3 de octubre de 2022 al ayuntamiento y que desde entonces han recibido una decena, que están pendientes de notificarse.

Soro ha expresado su discrepancia al respecto a que el Ayuntamiento de Zaragoza está "homologado" desde 2013 para aprobar definitivamente las modificaciones de menor entidad, pero ésta es una modificación "sustancial", ha insistido, ya que "se pasa de un equipamiento público a uno privado, lo que no hacía la primera aprobación inicial de noviembre, y lo que era un bien demanial pasa a ser un bien patrimonial", de forma que el visto bueno definitivo sigue correspondiendo al Consejo Provincial de Urbanismo, ha reiterado.

Segundo informe: el carácter facultativo de la Comisión Provincial

El segundo informe, con fecha 28 de febrero, lo firman los responsables de la asesoría jurídica del ayuntamiento. En el documento recuerdan que el 22 de octubre de 2013 el Gobierno de Aragón aprobó que “la intervención autonómica fuera de carácter facultativo en el planeamiento” urbanístico, de manera que en las tramitaciones de “menor entidad”, la competencia para la aprobación definitiva es municipal y la intervención del órgano autonómico "facultativa".

Tercer informe: efectos extrajurídicos

Por último, el tercer documento presentado por Serrano ha sido redactado por los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliu y Gerardo García Álvarez. Con fecha de 28 de febrero, concluyen que la Comisión Provincial de Urbanismo “no tiene competencia” para imponer la redacción de un texto refundido “y menos para suspender” el resto de modificaciones del planeamiento.

“En ningún caso –dice el informe—puede paralizar la aprobación de una modificación puntual del PGOU o suspender su eficacia” ya que “los efectos” de la Comisión Provincial de Urbanismo “son extrajurídicos”.

La vía judicial

El concejal de Urbanismo lo tiene claro: Zaragoza puede seguir adelante con la modificación del PGOU de la Romareda, aprobarla y sacar a licitación el campo. "Es inequívoco que la DGA puede recomendar que se haga un texto refundido, pero no exigir ni condicionar la aprobación del planeamiento", ha afirmado.

Según Serrano, al Gobierno de Lambán solo le queda una vía posible para paralizar la tramitación, que es “acudir a los tribunales alegando la vulneración de alguna norma urbanística”. El presidente aragonés ha vuelto a afirmar este miércoles que “nunca” judicializarán el proyecto de La Romareda.

Lambán: "Nunca judicializaremos La Romareda"

El propio consejero Soro ha profundizado en esta idea. "Como zaragozano y zaragozista no quiero paralizar nada, sino avisar con tiempo", con "lealtad institucional" porque "las cosas no se están haciendo bien, no se está cumpliendo la Ley de Urbanismo, pero se está a tiempo de hacer las cosas bien". Es tan sencillo, ha reiterado, como que presenten el texto refundido y "a partir de ese momento pueden aprobar las modificaciones".

Las dudas de la oposición

Aunque para Serrano “el debate jurídico queda cercenado”, el concejal del PSOE, Horacio Royo, ha asegurado que las modificaciones propuestas por el titular de Urbanismo desde septiembre –desde que se envío el primer requerimiento—se han hecho “sin el aval jurídico”.

Ha defendido que la Comisión Provincial de Urbanismo sí tiene competencias para exigir y requerir al ayuntamiento que elabore el texto refundido y ha alertado de la “inseguridad jurídica” que se ha creado en la casa y que afectaría a los 31 concejales de la corporación, que han aprobado con sus votos varias modificaciones del planeamiento propuestas por el Gobierno de PP-Cs. “Usted –por Serrano—es el responsable de que el ayuntamiento esté fuera de la ley”, ha asegurado Royo.

Por su parte, el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha resumido y relacionado las motivaciones de lo que ha calificado como “circo” y “sainete” en más de una ocasión con el “bipartidismo en estado puro que quiere patrimonializar las instituciones con un asunto como la Romareda, que está envenenado políticamente”. Ha ido más allá y ha asegurado que tanto al PP como al PSOE “les viene bien esto de zumbarse entre instituciones” para “obtener rédito político”.

Desde Podemos, Amparo Bella ha lamentado que el Gobierno de Azcón acuse al de Lambán de “paralizar” el proyecto de La Romareda y ha asegurado que desde el equipo de Azcón “están contentos con la posibilidad de que el nuevo campo termine en los tribunales porque les interesa más para sacar rédito electoral”.

Por último, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha asegurado que las alegaciones presentada por el Gobierno aragonés “dejan bien claras sus intenciones”, es decir, “paralizar” la construcción del nuevo campo de fútbol. “Están intentando evitar por todos los medios que todo lo que afecte a La Romareda pueda aprobarse en esta legislatura”, ha afirmado el concejal.