La DGA alerta de que la operación Romareda es "contraria a la ley"

La sombra de la judicialización comienza a cubrir la operación Romareda. El consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, alertó este viernes de dos posibles deficiencias legales en las que podría estar incurriendo el Ayuntamiento de Zaragoza con respecto a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustenta la operación para construir un nuevo campo de fútbol. Se trata, defendió Soro, de «dos cuestiones formales» que «no entran» en el fondo del plan trazado por PP y Cs. Sin embargo, para el concejal de Urbanismo de la capital aragonesa, Víctor Serrano, el movimiento del Ejecutivo autonómico es un «ataque a la línea de flotación del proyecto». «No queremos poner palos en la rueda, queremos ayudar a que las ruedas giren», advirtió Soro. «Solo queremos avisar al ayuntamiento de que lo que está haciendo es contrario a la ley (de Urbanismo de Aragón), por lo que La Romareda podría anularse judicialmente otra vez», dijo. Por ello, justificó el representante de CHA en el Gobierno de Aragón, han presentado dos alegaciones –que se suman a otra presentada desde el área de Hacienda que reclama como propios parte de los suelos que se incluyen en la operación– para que el consistorio subsane las dos fallas legales localizadas en la modificación del PGOU.

Sustancial o cambio menor

La primera de esas cuestiones que están por resolver, explicó Soro, es que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza no tendría capacidad para aprobar definitivamente la modificación del PGOU que sustenta la operación Romareda puesto que esta modificación es «sustancial» y no «menor». Este matiz supone que debe ser el Consejo Provincial de Urbanismo, y no el consistorio, quien dé el visto bueno a los cambios normativos en el ordenamiento de la ciudad.

El Consejo Provincial de Urbanismo es un órgano colegiado con 24 miembros de diferentes instituciones, entre ellas el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Estado y hasta las organizaciones empresariales y los sindicatos. No pueden votar en contra de un proyecto si este se ajusta a la ley, pero sí que puede dilatar en el tiempo la aprobación de según qué proyectos. 

Sin embargo, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza asumió que las palabras de Soro van directamente contra la «autonomía» del Ayuntamiento de Zaragoza. Mientras él esté en el cargo, afirmó, la ciudad y el consistorio «podrán seguir aprobando modificaciones en el ordenamiento». Tanta fue la indignación que PP y Cs presentaron una moción de urgencia en el pleno que se estaba celebrando este viernes para «rechazar el intento del Gobierno de Aragón de intervenir las competencias municipales» y para que la DGA «deje de boicotear los proyectos» del consistorio. La votación ha salido adelante con los votos de PP, Cs, Vox y la atención de ZeC. 

No obstante, sobre la cuestión concreta de si la modificación es de mayor o menor entidad, Serrano solo apuntó que va a dejar que los técnicos municipales que deben informar sobre las alegaciones presentadas «hagan su trabajo». Eso sí, dejó entrever su opinión, ya que la modificación del PGOU, defendió, no cambia sustancialmente la ordenación de la ciudad, puesto que donde había un campo de fútbol, ahora habrá otro campo de fútbol, aunque haya cambiado la denominación del bien, que ahora será privado y no público para que el Zaragoza lo pueda explotar durante 75 años mediante una concesión del derecho de superficie, como pedía el club. 

La segunda pega legal señalada por Soro es que Zaragoza no cuenta en estos momentos con un texto refundido de su Plan General, a pesar de que el Gobierno de Aragón se lo requirió ya en septiembre y desde entonces en cuatro ocasiones más. Esta cuestión, afirmó el consejero de la DGA en base al artículo 88 de la ley de Urbanismo de Aragón, impide al ayuntamiento aprobar nuevas modificaciones del PGOU hasta que no entregue al Consejo Provincial de Urbanismo el mencionado texto refundido, que no es sino un documento en el que consta el Plan General original junto a todas las modificaciones que se han hecho a posteriori, más de 150 en el caso de Zaragoza.

No obstante, Serrano defendió que el Consejo Provincial de Urbanismo en ningún momento ha aprobado requerir al ayuntamiento la entrega del texto refundido, sino que lo ha recomendado y recordado, lo que no invalida, por tanto, las modificaciones del PGOU que se han hecho desde septiembre hasta ahora, dos de ellas además que afectan a proyectos del Gobierno de Aragón. «Sobre eso no pusieron pegas y entonces no pidieron el texto refundido», lamentó Serrano. 

Así, a pesar del empeño de Soro por defender que las dos alegaciones presentadas no pretenden sino dar seguridad jurídica al proyecto, la interpretación del equipo de PP y Cs es totalmente la contraria: «Mientras Soro habla de lealtad institucional estaba bombardeando esta casa. Sus argumentos son ridículos». «Me extrañaría que el Gobierno de Aragón no acabe acudiendo a los tribunales. Lambán dijo que no lo haría, así que seguramente lo haga porque siempre hace lo contrario de lo que dice», añadió el responsable de Urbanismo. 

Alegaciones de la FABZ

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, por su parte, aseguró durante la celebración del pleno que el proyecto de la nueva Romareda «no va a parar», mientras que la izquierda achaca las prisas a poder tener «una portada con la infografía del nuevo estadio» antes de las elecciones. 

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) también ha presentado alegaciones contra la modificación del PGOU que sustenta la operación Romareda. La entidad pone el foco en cuatro cuestiones. En primer lugar, apuntan, no está justificada la urgencia en la tramitación del expediente, puesto que se basa en la posibilidad de que Zaragoza sea escogida como una de las sedes del Mundial 2030, lo que para la FABZ «resulta insuficiente» para avalar la urgencia. También señala la federación que la modificación es de mayor entidad al afectar a un equipamiento del sistema general, que pasa de ser público a privado. Asimismo, en tercer lugar, la organización argumenta que la modificación «obedece a intereses meramente privados» y no «al interés general». Por último, la FABZ dice que la modificación tiene que pasar por el Consejo de Ciudad. ZeC presentará también alegaciones en un sentido similar a esta entidad. Por lo que queda lío para rato.