El Gobierno de Aragón tendrá que justificar otra vez por qué no retira las bombas del Pilar

El Gobierno de Aragóntendrá que volver a entregar información al Senado sobre la decisión de no retirar las dos bombas exhibidas en una pilastra en la basílica del Pilar justo al lado de la santa capilla de la virgen. El legislador Carles Mulet, de Compromís, ha solicitado otro informe a la DGA al considerar que el Ejecutivo autonómico no ha respondido basándose en criterios técnicos en lo que se refiere a la permanencia de estos dos obuses dentro del templo, que fueron lanzados el 3 de agosto de 1936, pocos días después del comienzo de la guerra civil española.

Fue el pasado mes de febrero cuando el senador Mulet realizó un primer requerimiento de información al Gobierno de Javier Lambán sobre los acuerdos adoptados para no retirar de la basílica las dos bombas. Según el legislador, basándose también en las opiniones de algunos expertos, la presencia de los obuses incumple las leyes de Memoria Democrática, puesto que «la cuestión del bombardeo del 3 de agosto de 1936 sobre la basílica del Pilar sirvió para legitimar la dictadura y la violencia contra el enemigo», defiende Mulet en su nueva solicitud enviada desde la Cámara Alta a la DGA.

Tras su primera petición de información, el Ejecutivo autonómico respondió sin mencionar el asunto de las bombas, si bien después contestó a este requerimiento explicando que «no se ha iniciado ningún procedimiento» para retirar los obuses «al no tratarse de elementos contrarios a la ley de Memoria Democrática [...] porque no se exponen con un fin de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, sino como recuerdo histórico de un hecho ocurrido en un lugar destinado al culto [...], con un cartel que estrictamente recuerda el suceso».

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Si bien, este argumento del Gobierno de Aragón no está basado, denuncia Mulet, «en un riguroso informe técnico historiográfico», sino en «razones religiosas que no le competen a una administración civil». Es por eso que el senador, en cumplimiento de sus competencias, ha vuelto a pedir a la DGA que explique por qué no va a obligar a los responsables de la Iglesia aragonesa a retirar las bombas.

En su escrito, registrado el 23 de marzo y que el Gobierno de Aragón dice no haber recibido, Mulet recuerda que en la comunidad existe una comisión técnica de Memoria Democrática que depende de la DGA que tiene entre sus miembros a historiadores profesionales «de reconocido prestigio en la materia» como Roberto Ceamanos, Alberto Sabio y Sergio Murillo» que podrían «dar luz en el tema». Mulet menciona también al profesor de la Universidad e Zaragoza Francisco Javier Ramón Solans, autor del libro La Virgen del Pilar dice: usos políticos y nacionales de un culto mariano en la España contemporánea. 

Propaganda del bando franquista

Basándose en las investigaciones de Ramón Solans, Mulet argumenta que las bombas contravienen las leyes de memoria democrática porque, tras el atentado –cuya autoría se ha puesto en entredicho en varias ocasiones, si bien el consenso apunta a que fue un avión republicano el responsable del bombardeo– el arzobispo Doménech presentó la guerra civil como una cruzada, mientras que los poderes públicos clamaron por la venganza. «Juremos exterminar a todo el que sea enemigo de nuestro Dios, nuestra Virgen, de nuestra España. Juremos una Santa Intransigencia [...]. Juremos guerra [...]. No es hora de contemplaciones», se leía en la prensa de la época, que pedía «cazar» a los culpables «como a fieras».

El ataque, por tanto, sirvió para dar alas a la propaganda del bando sublevado, que consiguió convencer a muchos jóvenes para alistarse en sus filas tras avivar el fuego de la venganza.

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Ante estos hechos, el senador Mulet considera que «las bombas que cuelgan el la pilastra de la basílica están allí como testimonio de esta interpretación de la guerra como cruzada y de la deshumanización del enemigo». «Por ello, el recuerdo de las bombas no se corresponde con un mensaje de paz ni con los valores democráticos», añade el senador de Compromís en su petición al Gobierno de Aragón. Asimismo, propone llevar las bombas a un museo o devolverlas al Ministerio de Defensa, donde pueda explicarse su historia completa, y no solo que fueron arrojadas sobre El Pilar un 3 de agosto de 1936.

Ante la nueva solicitud, el Gobierno de Aragón deberá responder, de nuevo, en qué se basa para decidir que las bombas no se tocan.