Vivienda pública en Zaragoza: ¿Qué pasa con el entorno del Buen Pastor en Valdefierro?

Lío a la vista en Valdefierro. El entorno del Buen Pastor ha sumado un nuevo episodio a su ajetreada historia reciente. Tras el derribo del edificio del antiguo reformatorio, llevado a cabo en 2022 tras su cierre hace casi dos décadas, la nueva residencia de mayores emergerá sobre el terreno en una zona en la que, además, se prevé construir hasta 323 viviendas de protección oficial (VPA). O, al menos, esa era la idea cuando el anterior Ejecutivo autonómico sacó los casi 16.000 metros cuadrados (38.000 edificables) a licitación hace dos veranos.

En aquel entonces, la empresa adjudicataria de los mismos fue la constructora zaragozana Lobe, que se comprometió a pagar en especie a cambio de poder edificar, con una permuta de 56 viviendas tasadas en 10,6 millones que pasarían a ser gestionadas por Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) para alquiler social. Sin embargo, la asociación vecinal de Valdefierro Las Estrellas ha presentado alegaciones al ayuntamiento por la modificación del Plan Especial, basadas en dos puntos: la nueva altura de los edificios del complejo y la duda de qué iba a suceder finalmente con esas viviendas públicas.

La residencia de mayores de Valdefierro estará terminada a finales de 2025

La raíz del problema comenzó hace varios años, ya que, pese a que la licitación se inició en el verano de 2022, el proyecto venía desde mucho tiempo atrás. Fue en aquellos primeros años cuando los vecinos ya protestaron por la tala de árboles que se había programado para construir parte de las viviendas del nuevo complejo residencial. Ahora, para atender sus demandas, el consistorio zaragozano y la DGA han aprobado salvaguardar esa parcela, sobre la que iban a levantarse 64 viviendas (entre las que se incluyen las que iban a ser permutadas con el Gobierno de Aragón), transformándola en un equipamiento privado de uso comunitario para los vecinos. Concretamente, en una piscina, y conservando intacto el arbolado ya existente.

Sin embargo, la solución para poder edificar las 323 viviendas previstas inicialmente supone que esas 64 viviendas deban reubicarse en las otras tres parcelas, aumentando la altura de las mismas hasta agotar la edificabilidad. Es en ese punto donde surgen las nuevas protestas, ya que dicho incremento contradice lo estipulado tanto en el Plan General de Ordenación Urbana, que limita la altura máxima que podrá alcanzarse dependiendo del ancho de la calle, algo que no se cumple en este caso y para lo que se deberá retranquear los fondos edificables, como en el Plan Integral de Valdefierro, aprobado en 1986 y que establece que, excepto en contadas excepciones, la fisionomía del barrio no debe admitir casas de más de cuatro alturas.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ya aprobó la modificación el 12 de diciembre, en la que dos de las parcelas residenciales alcanzarán las ocho alturas y la restante llegará a las seis. Una coyuntura que provocará que los vecinos de calles como Orión y Aldebarán queden condenados a un estado de "sombra perpetua", tal y como alegan los vecinos, que denuncian que este inconveniente, además de llevar implícitos riesgos de salud y salubridad, supone la "privación de un derecho adquirido" por las viviendas preexistentes entre esas calles.

Reubicación de las viviendas para alquiler social

Por otro lado, el matiz restante de las quejas de la asociación vecinal de Valdefierro, presentadas el pasado 26 de diciembre y a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, reside en la modificación de la parcela que ahora albergará una zona comunitaria para uso privado (la piscina), ya que subrayan que en el Plan Especial anterior "figuraba como zona residencial donde el Gobierno de Aragón proponía como cambio para la enajenación de los terrenos la construcción de 56 viviendas de alquiler". "No entenderíamos que se destinasen 323 viviendas en Régimen General y no haya como mínimo un 30% de vivienda de alquiler social", añaden los vecinos en sus alegaciones.

En cambio, fuentes de Lobe, la constructora adjudicataria de los terrenos, aseguran a este diario que "no se ha cambiado ni un punto ni una coma" del acuerdo suscrito con la DGA, y que con la nueva distribución las viviendas permutadas se ubicarán en la parcela más cercana a la piscina comunitaria. Asimismo, indican que ya hay 700 personas apuntadas para unas VPA que, si todo va bien, esperan poder sacar a la venta en los próximos meses.

Por su parte, fuentes de Suelo y Vivienda confirman que "las 56 viviendas de VPA fruto del pago en especie se destinarán a alquiler público", y que está por decidir si este será de tipo social o de precio asequible.