Del PSOE al PP: el periplo judicial del contrato del autobús urbano de Zaragoza

Natalia Chueca está en una encrucijada. El auto emitido el pasado 5 de marzo sobre la prórroga del contrato del autobús urbano de Zaragoza abre la puerta a la nulidad del acuerdo del Gobierno del PP de ampliar hasta 2027 la concesión de Avanza. Una decisión, dicho sea, que adoptó Chueca al mes de ser nombrada alcaldesa. 

Avanza se ha encargado de la selección de los vehículos y su compra, además de adelantar el millonario coste que ha supuesto la adquisición de nuevos buses 100% eléctricos, así como la electrificación de cocheras. Dos operaciones financiadas por los fondos europeos. Precisamente, este es el argumento que utilizó el Gobierno municipal para justificar la ampliación del contrato con la multinacional.

El TSJA da seis meses para licitar los pliegos del contrato del bus de Zaragoza

Según han defendido siempre desde el PP, licitar el servicio en medio de esta operación podría poner en riesgo las ayudas europeas, que rondan los 42 millones. Para el juez no es suficiente, básicamente porque el PP ya sabía que en 2023 tenía que licitar el servicio por imperativo legal. Un proceso judicial que se remonta a 2013. 

2012, el PSOE licita el servicio

Para entender el origen del conflicto hay que viajar hasta 2012. El PSOE, entonces con Juan Alberto Belloch al frente de la Alcaldía, licitó el servicio a Tuzsa (ahora Avanza), que se adjudicó en mayo de 2012 (dando continuidad al que ya existía), aunque empezó a operar en 2013. La Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores trató sin éxito de concurrir porque el ayuntamiento rechazó su propuesta aludiendo a que no eran solventes. 

2016, se anulan tres cláusulas

La cooperativa acudió a los tribunales, que le dieron la razón en 2016, aunque parcialmente, anulando tres cláusulas: la obligatoriedad de presentarse como sociedad anónima, la exigencia de haber tenido con anterioridad un contrato con 40 millones de usuarios anuales o cuatro con 80 millones de viajeros y la necesidad de acreditar una solvencia económica de 200 millones. 

2020, Azcón se queda con Avanza

Avanza recurrió la decisión y el Supremo ratificó en junio de 2020 la anulación de las dos primeras cláusulas, pero en ningún caso hizo mención alguna a la adjudicación del contrato. La entidad recurrente solicitó la ejecución forzosa de la sentencia el 22 de septiembre de ese mismo año y, tan solo tres días después, el Gobierno de Zaragoza de Jorge Azcón acordó mantener vigente el contrato alcanzado con Avanza el 23 de mayo de 2012 (entonces Tuzsa). 

2021, luz verde al acuerdo

El 13 de enero de 2021, un auto aceptó el acuerdo de Gobierno, por lo que Avanza prestaría el servicio hasta 2023, cuando finalizaba el contrato. 

2023, Chueca anuncia la prórroga

El periplo judicial se avivó cuando Natalia Chueca anunció en julio de 2023 que ampliaba el contrato del bus con Avanza hasta julio de 2027. Una noticia que sorprendió, ya que durante sus últimos meses como concejala de Movilidad reiteró una y otra vez que estaban trabajando en los pliegos.  

2024, varapalo judicial para Chueca

El 6 de marzo, la sección número 1 de la sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón le dio la razón a la cooperativa y concluyó que la prórroga del contrato incumple lo pactado y abre la puerta a su anulación. Además, le da seis meses a Chueca para que saque a concurso el servicio. 

¿Y ahora qué?

Por ahora, salvo que el Gobierno del PP diga lo contrario, todo sigue igual. La alcaldesa se limitó ayer a decir que respetaban el auto y que seguían con su hoja de ruta. El equipo de Movilidad, dirigido por Tatiana Gaudes, trabaja en la redacción de unos pliegos que, atendiendo a la respuesta judicial, deberían estar listos en septiembre, lo que significa que tendrían que salir a licitación. Según la regidora, las ayudas europeas no peligran, algo que resulta contradictorio teniendo en cuenta el argumentó que dio en su día para prorrogar el acuerdo.

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