Varapalo del TSJA a los pliegos del bus: Chueca asegura que los fondos europeos no peligran

El varapalo asestado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza parece no haber importado demasiado al equipo de dirige Natalia Chueca. La Justicia le ha dado seis meses de plazo para tener listos unos nuevos pliegos del servicio de bus urbano –el contrato más cuantioso que tiene el consistorio y que supera los 80 millones al año– cuando el plan de la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, era mantener el contrato actual con Avanza durante cuatro años más. «Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en esos nuevos pliegos. Respetamos el auto», ha afrimado la regidora al ser preguntada por los periodistas sobre esta cuestión. «La llegada de fondos europeos no está en riesgo», afirmó.

Y es que la prórroga del contrato del bus, acordada por el Gobierno municipal a finales del pasado mes de julio y que concedía a Avanza cuatro años más de gestión del servicio, se justificó por parte del Gobierno municipal como una operación necesaria para poder amortizar la inversión que supuso la compra de decenas de autobuses eléctricos con fondos europeos.

Ahora, pese a que el TSJA ha vuelto a insistir en que el ayuntamiento tiene que tener listos los nuevos pliegos en seis meses, Chueca ha afirmado hoy que «la llegada de fondos europeos» no está comprometida ni peligran los que ya se han ejecutado, más de 30 millones para comprar buses eléctricos. Es decir, que no va a haber que devolverlos en ningún caso.

Sin embargo, para la oposición en el ayuntamiento el auto del TSJA no resulta ni mucho menos tranquilizante. Los tres partidos fuera del Gobierno municipal (PSOE, Vox y ZeC) han cargado duramente contra la gestión de la alcaldesa y la concejala de Movilidad. Los socialistas han pedido a Chueca el cese de Gaudes mientras que la ultraderecha ha anunciado que pedirá comparecer a la regidora en el próximo pleno. «Vamos a solicitar al ayuntamiento una valoración del daño y no descartamos que, como consecuencia de estos datos que hemos solicitado, podamos pedir responsabilidades políticas», ha afirmado el portavoz de Vox, Julio Calvo.

Y es que la oposición no tiene tan claro que el auto del TSJA no vaya a suponer un roto en las cuentas del consistorio. La cuestión es la siguiente: el Gobierno prorrogó el contrato con Avanza durante cuatro años para poder ir pagándole poco a poco el dinero que la empresa ha puesto para comprar los autobuses, una cuantía a la que se suman los fondos llegados desde Bruselas.

Ahora, como la Justicia ha puesto un plazo máximo de seis meses para aprobar unos nuevos pliegos, el consistorio no va a disponer del mismo tiempo para amortizar esa deuda con Avanza, lo que podría comprometer las arcas municipales. Eso es, por lo menos, lo que apuntan desde la oposición, puesto que desde el Gobierno de Chueca insisten en que el hecho de que tengan que redactar unos pliegos en seis meses –un periodo de tiempo muy breve para un contrato tan complejo y con tantas aristas como el del bus– no significa que el contrato con Avanza se tenga que romper de inmediato.

Cinco días para recurrir

Asimismo, fuentes del equipo de la alcaldesa insisten en que el auto del TSJA afirma que la modificación y prórroga del contrato con Avanza es «legítima», pero lo que lo que obvian estas mismas fuentes son otras partes de la argumentación los magistrados en las que dejan claro que la prórroga contraviene lo acordado por los tribunales.

El TSJA, en su auto del jueves, otorgó al ayuntamiento cinco días para presentar un recurso, si bien no ha trascendido si lo hará. «Respetamos el contenido del auto», ha insistido Chueca.

Pero más allá de la repercusión que esta sentencia tenga en el contrato del servicio de buses, la primera consecuencia ha sido el revuelo político generado entorno al fallo del TSJA. «Este es el hecho más grave que ha ocurrido en el ayuntamiento desde que Chueca es alcaldesa», ha asegurado en rueda de prensa el concejal socialista Chema Giral, quien ha exigido el cese de la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes.

Giral ha recordado también que la prórroga del contrato a Avanza le costó al Gobierno municipal la apertura de una comisión de investigación que apoyó incluso Vox, socio prioritario del PP. «Natalia Chueca mintió cuando dijo que se estaban elaborando unos nuevos pliegos del servicio del autobús. Y no dijo nada, quizá por la proximidad de las elecciones, de que se iba a prorrogar el contrato», ha añadido.

Ante estas acusaciones, Chueca no ha dudado en poner en marcha el ventilador del y tú más. «Lo que no entiendo es que el PSOE salga a decir barbaridades con las que está haciendo el PSOE en España, como la ley de Amnistía. Y que no den la cara por el caso Koldo», ha dicho Chueca, obviando que los socialistas han apoyado la comisión de investigación sobre este asunto en el Senado impulsada por el PP.

Volviendo al asunto del contrato del bus, desde Vox, tanto el portavoz de la formación, Julio Calvo, como su responsable de Movilidad, David Flores, se han mostrado duros con la alcaldesa. «Visto lo visto, –ha dicho Calvo- y con los escándalos que están ocurriendo, he de agradecer que la alcaldesa de Zaragoza rechazara nuestra presencia dentro del Gobierno de la ciudad, pues hubiéramos tenido que hacernos corresponsables de muchas de estas cuestiones que estamos viendo ahora mismo».

Por último, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha insistido a la alcaldesa a que deje «de vivir entre flores y selfies» y «asuma sus responsabilidades en este tema». Además, el edil ha alertado de las «posibles consecuencias que este auto pueda tener, como la exigencia de lucro cesante por parte de la empresa que podría darse si se cesa el servicio». «No será el PP el que abonará este desastre, sino toda la ciudadanía», ha lamentado.