La gestión de los servicios públicos

El Ayuntamiento de Zaragoza pide 10 meses extra al TSJA para tener listos los pliegos del bus

El tribunal había concedido medio año al consistorio, un plazo que el consistorio considera que no puede cumplir

Avanza exige a los tribunales que la prórroga de su contrato durante cuatro años se cumpla

Chueca, con los responsables de Movilidad y los directivos de Avanza, en una foto de archivo.

Chueca, con los responsables de Movilidad y los directivos de Avanza, en una foto de archivo. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Iván Trigo

Iván Trigo

El Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) más tiempo para poder redactar los nuevos pliegos que regirán el nuevo contrato del servicio del autobús urbano. Los magistrados le concedieron un plazo de seis meses para cumplir con las distintas sentencias judiciales, si bien el equipo de Natalia Chueca quiere que sean 16 meses. Así consta en el recurso de reposición que han presentado los servicios jurídicos municipales contra el auto del TSJA, al que ha tenido acceso este diario, y que ponía en cuestión la ampliación del contrato.

Según argumenta el Gobierno municipal, el plazo concedido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón es «lesivo y no ajustado a derecho». «Debemos plantear ante la sala la absoluta imposibilidad material por insuficiencia de plazo temporal para poder ejecutar el auto aprobando los pliegos de la concesión en los seis meses constatados», afirma rotundo el recurso del ayuntamiento.

En su auto del pasado mes de marzo, el TSJA daba un plazo de seis meses al ayuntamiento para tener listos unos nuevos pliegos y cumplir así con las sucesivas sentencias que anulaban dos cláusulas del pliego de condiciones que se lanzó en 2013 y que rigió el proceso de licitación que se acabó adjudicando a TUZSA (actual Avanza).

Asimismo, el TSJA consideraba que la prórroga del contrato con Avanza firmada por el Gobierno municipal el pasado verano para cuatro años más impedía el cumplimiento de las sentencias judiciales. Y se expresaba con esta claridad: «Lo que dijo este Tribunal es que cuando finalizase el plazo de concesión en el 2023, el nuevo procedimiento concurrencial debía cumplir la sentencia. En aquella decisión no se planteó por ninguna de las partes que pudiera prorrogarse el contrato».

Y proseguían los magistrados: «No estamos diciendo que la prórroga [...] sea contraria a derecho, pero lo que estamos concluyendo es que es una decisión administrativa que se opone a la ejecución de la sentencia tal y como quedó establecida en los reiterados autos del 13 de enero y el de 11 de marzo de 2021 de este tribunal».

La compra de buses verdes

Y quizá por estas afirmaciones de los magistrados es por lo que Avanza también ha presentado un recurso de reposición contra el auto del TSJA y al que también ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En su argumentario, la empresa concesionaria del servicio del bus urbano sostiene que el plazo de duración de un contrato debe contemplar siempre las prórrogas contenidas en el mismo, que según los pliegos serían cinco años extra como máximo, mientras que la firmada entre Avanza y el consistorio es de cuatro años.

Tanto la empresa como el ayuntamiento justifican que la ampliación del contrato viene motivada por la necesidad de poder amortizar las inversiones que está llevando a cabo Avanza para renovar la flota de autobuses, una iniciativa que cuenta con financiación procedente de fondos europeos. Si no se hubiera prolongado la duración del contrato, dicen las dos partes, se hubieran podido perder los 35 millones que Bruselas ha concedido a la ciudad para comprar un total de 108 vehículos eléctricos.

«No queremos dejar de señalar lo ilógico –dicho sea con el debido respeto– que resultaría que se pusiera fin al contrato antes de que finalizara su plazo de duración (incluidas prórrogas) y, con ello, se hicieran peligrar las ayudas públicas cuya obtención, precisamente, justificaron la prórroga adoptada», argumentan desde Avanza en su recurso de reposición.

En su exposición de motivos, el ayuntamiento pide contar con un plazo mayor para redactar los pliegos ante la «complejidad» de redactarlos. Y pone como ejemplo que cuando se encargó a una empresa externa analizar la mejor fórmula para gestionar el contrato del bus, la compañía tardó 15 meses en tener listo el informe.

Asimismo, los servicios jurídicos municipales explican que los pliegos, antes de aprobarse y de estar listos para poder ser licitados, tendrán que pasar por la Oficina Nacional de Evaluación, un órgano estatal que necesitará de sus propios plazos para poder analizar el documento que les presente el ayuntamiento.

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