El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza duda de que la ampliación del horario de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales que marca el decreto de medidas urgentes del Gobierno central sea de aplicación obligada a los trabajadores municipales. Por eso presentarán una moción en la que, además de instar a retirar la suspensión del pacto convenio y convocar la comisión negociadora, piden que se elabore un informe jurídico exhaustivo sobre el carácter vinculante del decreto del Gobierno.

A juicio del portavoz de la formación, José Manuel Alonso, que no quiso entrar "en el fondo de la decisión sino en las formas", el Gobierno de Zaragoza, "no puede actuar como el más duro y el peor de los empresarios" al adoptar una decisión que puede afectar a la estabilidad .

Alonso, que explicó el contenido de sus mociones junto al concejal Raúl Ariza, destacó la "sensatez, criterio y solidaridad" que han demostrado los sindicatos en sucesivas negociaciones y, por eso, indicó que el trato "no puede ser sentarse a una negociación con una serie de imposiciones". Asimismo, cifró el coste de las mejoras sociales a los funcionarios en menos de un millón de euros, no en más de dos como defiende el Gobierno.