El Consejo de Estado francés, la más alta jurisdicción administrativa del país, invalidó ayer el decreto municipal que prohibía el llamado burkini en las playas de Villeneuve Loubet, una localidad de la costa Azul próxima a Niza. Su decisión creará jurisprudencia, aunque de momento en los 30 lugares que también han vetado el bañador islámico las ordenanzas seguirán en vigor mientras no lleguen a los tribunales.
Entre los argumentos esgrimidos por el Consejo figura que la decisión de la alcaldía «supone un atentado grave y manifiestamente ilegal a libertades fundamentales como la libertad de movimiento, de conciencia y la libertad personal».
El polémico decreto prohibía el baño del 15 de junio al 15 de septiembre «a toda persona que no lleve un atuendo correcto, respetuoso con las buenas costumbres y el principio de laicidad» y se apoyaba en los riesgos para el orden público del burkini en un contexto marcado por el atentado de Niza del pasado 14 de julio, en el que murieron 86 personas.
Sin embargo, el alto tribunal ha estimado que los ediles no tienen potestad para restringir este tipo de libertades salvo que se haya comprobado un riesgo para el mantenimiento del orden público, algo que no ha quedado demostrado.
MUESTRAS DE SATISFACCIÓN / «Queda claro que el principio de laicismo no se aplica en el espacio público y que si un alcalde quiere prohibir los signos religiosos tiene que justificar que hay un problema de orden público. No puede alegar el contexto general, sino que tiene que aportar hechos probados», explicó ayer Patrice Spinosi, el abogado La Liga de Derechos Humanos (LDH) que, junto al Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF), llevó el asunto a la alta institución. Por su parte, el director del CCIF, Marwan Muhammad, habló de una decisión «histórica» y dijo que esperaba que todos los alcaldes que han prohibido el bañador islámico retiren sus bandos.
Mientras, el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) saludaba el fallo como una «victoria del derecho y la sabiduría» y confiaba en que esta decisión «de sentido común» permita «rebajar la tensión entre los musulmanes, especialmente en el caso de las mujeres».
La misma satisfacción expresó el rector de la mezquita de Lyón, Kamel Kabtane, al asegurar que «los musulmanes pueden estar orgullosos de Francia y de su estado de derecho» después de que el veredicto haya quitado la razón a quienes piensan que el Islam no tiene sitio en Francia, Europa y Occidente.
A pesar del veredicto, el alcalde de Villeneuve-Loubet, el conservador Lionnel Luca, se negó a retirar el decreto. No fue el único. El de Niza advirtió igualmente que no levantará la prohibición y otras localidades también se negaron a hacerlo. Frente a la resistencia de los ediles antiburkini, la LDH anunció su intención de llevar el caso ante la justicia incluso por la vía penal.
En el fondo del debate se enfrentaban dos visiones: la de quienes defienden la libertad religiosa y la de quienes promueven la prohibición de cualquier signo religioso bajo el argumento de que podría atizar las tensiones sociales en un contexto marcado por los recientes atentados de Niza. El asunto divide a la sociedad francesa, a la clase política y al propio Gobierno.
Tras el veredicto, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve declaró que ahora corresponde hacer gala de responsabilidad y «buscar la calma, que es la que puede evitar problemas de orden público y fortalecer la convivencia». Sin embargo, es poco probable que la decisión del alto tribunal cierre la polémica. Al contrario, todo apunta a que el burkini formará parte de la agenda de campaña en la carrera hacia el Elíseo que culminará en mayo del 2017.
La derecha y el Frente Nacional lamentaron el fallo del Consejo de Estado y anunciaron iniciativas parlamentarias para legislar al respecto. Los Republicanos quieren dar mayor potestad a los alcaldes y el presidente del partido, el expresidente Nicolas Sarkozy, es firme defensor de una ley que prohíba el burkini en todo el territorio nacional.
Una posición en la que coincide con el Frente Nacional. Su presidenta, Marine Le Pen, cree que la pelota está ahora en el terreno del legislador para votar lo antes posible un texto extendiendo la ley del 2004 -que prohíbe el velo en los centros educativos- de manera que cualquier símbolo religioso ostensible esté censurado en todo el espacio público. «No podemos dejar solos a los alcaldes, sin medios frente a la presión de los fundamentalistas islámicos», dijo ayer Le Pen en un comunicado. H
