Memoria del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje de 2023

Los conflictos por despidos se disparan en Aragón pero fructifican los acuerdos colectivos

El SAMA rozó los 10.000 expedientes en 2023, una cifra histórica motivada por las pugnas de empleados fijos tras la reforma laboral

El organismo suma un trabajador tras años sin ampliar la plantilla

Una imagen de una reunión en el SAMA entre el comité de empresa de Avanza y la dirección, a principios de este año.

Una imagen de una reunión en el SAMA entre el comité de empresa de Avanza y la dirección, a principios de este año. / Laura Trives

M. C. L.

La conflictividad laboral afloró en 2023 hasta cotas nunca vistas en Aragón al sumar 9.859 expedientes tramitados en las dependencias del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), el órgano autonómico por el que deben pasar todas y cada una de las pugnas del mercado laboral. Sin embargo, el crecimiento vino de la mano de los conflictos individuales, en especial por casos relacionados con despidos de trabajadores recién contratados en régimen indefinido, y no por grandes conflictos empresariales a la vista, cuya tasa de acuerdo supera incluso el 82%.

De este modo, el ejercicio 2023 ha sido el de mayor volumen de actividad en toda la historia del organismo encargado de velar por la paz social de Aragón y participado por el Gobierno de Aragón, las patronales CEOE y Cepyme Aragón y los sindicatos CCOO y UGT. La entidad registró 1.067 expedientes más que en 2023 y 1.133 más que en 2022, los dos cursos que hasta ahora ostentaban las primeras posiciones del ranquin desde la creación del SAMA en el año 2000. El incremento acumulado en los tres años es del 30,4%.

La razón principal hay que buscarla en una consecuencia indirecta de la reforma laboral, que ha disparado las demandas individuales por despidos improcedentes de trabajadores fijos como consecuencia de las trabas a la contratación temporal por la nueva reforma laboral. Hasta 8.098 expedientes están vinculados a despidos (un 83,30% del total de la actividad), algo habitual en la historia del SAMA. Le siguen la impugnación de sanciones (545 casos), las extinciones de relación laboral (370), los procedimientos declarativos de derecho (307) y los relacionados por modificación y movilidad (289).

La directora del SAMA, Concha Gil, reconoce que el pasado fue un año «complicado» por el ingente volumen de expedientes a tramitar. Y es más: los primeros compases de 2024 reflejan que se trata de una cuestión estructural, como se extrae del hecho de que con los datos disponibles hasta la primera quincena de abril el organismo ya ha tramitado 3.114 expedientes frente a los 2.950 que sumaba por estas fechas el año pasado. Para Gil, el incremento masivo en los casos individuales responde a una mezcla de razones, desde la alta rotación del mercado laboral a la variabilidad del consumo, además de la falta de certezas en la previsión de las cargas de trabajo de las empresas. «Todas esas cuestiones antes se resolvían mediante la contratación temporal y ahora, con la reforma laboral, se ha vuelto muy difícil. De ahí que suban tanto los conflictos de trabajadores despedidos con apenas experiencia en una empresa», explica la responsable del SAMA.

La tasa de acuerdo en los conflictos colectivos que llegan al SAMA repuntó en 2023 hasta el 82% tras años por debajo en los que incluso bajó del 70%

Por contra, el volumen de los procedimientos de carácter colectivo experimentaron una caída del 8,67% respecto a los registrados en 2022, lo que relega el ejercicio a la octava posición de los ejercicios más conflictivos tras anotar 136 demandas grupales, por debajo de los años más litigiosos como 2013 (164 demandas) o 2022 (154).

En este apartado entra en juego uno de los aspectos claves del SAMA: la resolución de expedientes derivados de convocatorias de huelga u otros conflictos de interés. En 2023 se tramitaron 74 expedientes de este tipo, lo que supone cinco casos más que en 2022 y un récord absoluto por tanto. Sin embargo, el 82% de estos conflictos acabaron con un acuerdo en el SAMA, lo que evidencia una alta tasa de resolución que revierte una tendencia bajista desde el año 2013, dado que desde entonces nunca se había superado el 80% de tasa de acuerdo y durante los años de la pandemia el dato quedó incluso por debajo del 70%. Aun así, cuestiones como las reducciones de jornada están volviendo «farragosa» la negociación colectiva, y poco cuesta reconocer en el seno del SAMA que se están viendo casos a los que no están «acostumbrados», como que algunas plantillas hayan echado abajo preacuerdos suscritos en el organismo.

El alto nivel de actividad del órgano ha llevado al Departamento de Economía del Gobierno de Aragón, del que depende el SAMA, a elevar mínimamente el presupuesto de la entidad, que pasa de contar con 840.000 euros a 870.000. Para agilizar en la medida de lo posible los trámite, se acaba de incorporar una persona a la plantilla del organismo después de años sin incrementar el equipo.

Pese a la confidencialidad con la que se trabaja en el SAMA, algunos conflictos llevados a la mesa de negociación en 2023 sí trascendieron a los medios de comunicación, como el expediente de regulación de empleo de Airtex, la convocatoria de huelga en HMY Yudigar, los paros de la hostelería para las fiestas del Pilar o la enésima amenaza de huelga en Avanza. 

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