El Ayuntamiento de Zaragoza destinará los 180.000 euros de la paga de Navidad de los altos cargos y concejales al albergue municipal. "Si por ley los funcionarios pierden la extra, entendemos que ni el personal directivo, ni los concejales debemos cobrarla", aseguró la responsable de Régimen Interior, Lola Ranera.
ABSTENCIÓN La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, PSOE e IU y la abstención de CHA, pero, a pesar de su aprobación, suscitó un encendido debate sobre la decisión del Gobierno municipal de no abonar estas retribuciones a los funcionarios tras sendos informes de los servicios jurídicos y del interventor. Así lo volvió a destacar Ranera. "No hay ningún resquicio legal. Incumplir el decreto del Gobierno sería incumplir la legalidad y esa es una línea roja que no queremos cruzar", apuntó la edila.
La argumentación de la responsable de Régimen Interior fue un revulsivo en el grupo popular, que entonó un ya te lo dije en toda regla. "El informe de intervención revela lo que nosotros ya decíamos, que no se puede pagar la extra", aseguró el conservador, José Ignacio Senao, quien pidió un informe de legalidad sobre las responsabilidades contables en las que podría incurrir un consistorio insumiso.
Pero las críticas más duras llegaron de la mano de Chunta. "La decisión de renunciar a la paga extra la tomamos nosotros y no la toman otros por nosotros", aseguró su portavoz, Juan Martín, que centró su ataque, con tintes de decepción, al Gobierno municipal. "Llevamos cinco años en los que estamos cansados del no hay más remedio", indicó Martín, que aseguró que el ayuntamiento se podía "haber fijado" en otros informes, como el de la Defensora del Pueblo o el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que sí avalaban el pago de al menos el 25% de la extra. "La decisión de mandar la extra al albergue es un mensaje letal", añadió, una apuesta que dinamita "la negociación colectiva".
De hecho, el propio Martín propuso al alcalde adelantar la extra del 2013 y pagarla en enero. Obtuvo una rotunda respuesta negativa de Belloch: "Sería un fraude de ley".
El dedo de IU, no obstante, también apuntó a la bancada popular, cuando el concejal Raúl Ariza les icrepó por "las cosas tan brutales que hacen, sin parangón en la historia de España". También al equipo de gobierno municipal porque "hay resquicios legales". Pero la decisión es firme.
