Hace unos meses pasaron desapercibidas una serie de noticias sobre el enfrentamiento entre el gobierno indio y las grandes farmacéuticas sobre los derechos de patente de algunos e importantes medicamentos. No se le prestó gran atención, en gran parte porque no nos veíamos comprometidos en el asunto. Al fin y al cabo eran cosas del tercer mundo.

Estos días, numerosos ciudadanos aragoneses y españoles se ven sorprendidos por la noticia de que una serie de medicamentos que venían utilizando sin problemas durante los últimos tiempos, han desaparecido de las farmacias. Y la sorpresa se convierte en indignación cuando los boticarios les dicen que no hay alternativa, ni aquí, ni en ninguna parte de España. ¿Cómo es posible? Uno de los paradigmas que configuran nuestra realidad de habitantes del primer mundo es que todos los productos, y sobre todo los farmacéuticos, están a nuestra disposición, más allá de los problemas que haya para pagarlos.

¿Qué ha ocurrido? No lo sabemos. Existen varias explicaciones. En primer lugar se nos dice que algunos medicamentos, antiguos, eficaces, muy eficaces y muy baratos, no resultan ya rentables para sus fabricantes que pretenden sustituirlos por otros de similar eficacia pero de precio superior, por ello dejan de fabricar el barato para que tengamos que comprar el caro.

Otra explicación es que las empresas del sector, tanto los fabricantes como los distribuidores, ven un lucrativo negocio en vender en países de la Europa rica los medicamentos destinados a nuestro país, pudiendo obtener precios superiores en un 400% si desvían sus existencias hacia ellos. Por fin se habla de un pulso entre las empresas del sector con el ministerio a cuenta de los precios de los medicamentos sufragados por la Administración y por el sistema de financiación y pago de los mismos.

Seguramente será una combinación de todas estas y de algunas razones más que se nos escapan, pero lo cierto es que faltan más de un centenar de medicamentos importantes en nuestras farmacias.

Sobre todo esto cabe hacer dos reflexiones. La primera es que llama la atención que ninguna de estas razones es médica, ni tiene que ver con la función de las empresas y de las administraciones sanitarias, que no debería ser otra que la salud y bienestar de las personas. No se tiene en cuenta el intenso sufrimiento y la angustia que se produce entre los pacientes que se ven privados de medicinas que venían ayudándoles a sobrellevar dolorosas y largas enfermedades. Me pongo en el lugar de los familiares que van a tener que decirles, mientras ven sus caras de dolor, que no pueden aliviarles porque hay una discusión sobre los precios o sobre la financiación.

La segunda cuestión es llamar la atención a los amigos de la privatización de los servicios públicos. Se ha podido recortar en condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, en prestaciones a los usuarios o en el número de usuarios atendidos. Se ha podido obligar a los enfermos a incrementar la parte que pagan de los medicamentos, pero es imposible poner freno a los beneficios y a la codicia de las empresas privadas que controlan el sector farmacéutico del sistema sanitario.

Es el momento para que los políticos responsables, ministra, consejeros, se ganen el sueldo y hagan frente a su responsabilidad. Esto es lo que debemos exigir. Además de honrados, tienen que ser eficaces, resolver nuestros problemas, garantizar que nuestros enfermos sufrirán lo menos posible, que encontraremos en las farmacias los medicamentos que necesitamos y si no pueden lograrlo, que se aparten y dejen su cargo a gente que pueda hacerlo mejor.

Familias de clase media que creían vivir en un país avanzado se han visto de repente arrojadas a la cruda realidad de una Administración que no garantiza el suministro de medicamentos. El tercer mundo está aquí.