Recién llegado de las vacaciones, el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, se dispone a iniciar un curso judicial marcado por la recta final del traslado a la Ciudad de la Justicia.

--Los traslados de órganos judiciales se reactivan mañana. ¿Cómo ha ido el proceso?

--Está siendo muy bien coordinado, a un juzgado por día y el viernes para comprobar incidencias. Mi temor, que era la parte informática, no ha dado problemas, y tampoco se nos han notificado pérdidas de documentos en soporte físico, que en estos procesos suelen ocurrir. Incluso el nuevo sistema de grabación apenas ha registrado incidencias, salvo en los juzgados de menores, que ya estamos estudiando. El siguiente reto es el Juzgado de Guardia.

--¿Cuándo comienzan las guardias en la Expo?

--El 16 de septiembre. Esperamos que vaya bien, porque hay muchos elementos nuevos, como la parte informática, la célula de seguridad, los calabozos. Es lo que más se visualiza, y ha de estar bien engrasado.

--En lo no tan bueno, ¿le siguen viendo pegas al transporte público?

--Habrá que esperar. El ayuntamiento nos dice que es suficiente, nosotros seguimos creyendo que habría que habilitar un autobús desde el centro, tanto para la Ciudad de la Justicia como para el rastro. Y habilitar marquesinas, que no hay y en esta zona son básicas.

--¿Está mal ubicada?

--Para una ciudad grande como Zaragoza, este espacio se puede considerar céntrico, es una tendencia en muchas ciudades europeas. El problema no es el sitio, es el transporte.

--Los funcionarios han mostrado algunas quejas sobre el espacio disponible. ¿Es poco?

--Yo creo que en los espacios públicos, para el ciudadano, desde las salas de vistas a las de abogados, y por supuesto en imagen, hemos ganado mucho. Pero es cierto que en metros cuadrados de oficinas vamos justos, a primera vista parece que haya menos que en los de la plaza del Pilar, aunque las cifras de los arquitectos aseguran lo contrario.

--¿Los problemas de espacio pueden afectar al servicio?

--Auguro que o se inician ya las modificaciones necesarias en Aragón para implantar el expediente digital, o en poco tiempo las instalaciones serán insuficientes. Si se desarrollase la Nueva Oficina Judicial y se generalizase el expediente electrónico, que es para lo que estaban pensadas estas instalaciones, no habría problemas. Pero este tema está paralizado desde que se hicieron los últimos estudios en el 2010, a nivel nacional.

--La actualidad obliga a hablar del último escándalo en torno a Plaza, ¿qué le parece que tuviera que ser la Fiscalía Anticorrupción quien lo destapase?

--Demuestra un mal funcionamiento de los órganos de fiscalización públicos, y desde ese punto de vista lo percibimos con preocupación. Pero al mismo tiempo es de alabar que los propios empleados o directivos lo denunciasen.

--La Asociación por la Defensa de la Función Pública en Aragón criticaba recientemente que no haya ley que ampare este tipo de chivatazos internos...

--En la legislación penal actual, incluso es un atenuante que alguien del consejo de administración colabore en la investigación; sin embargo un funcionario público tiene la obligación de denunciar las irregularidades. Un gerente de una sociedad pública se beneficia de las ventajas del derecho privado. Habría que modificar la legislación.

--¿En qué sentido?

--Por ejemplo, cuando se investigue a personas allegadas al presunto corrupto, debería exigirse que demostraran cómo han adquirido su patrimonio, y en caso de que no pudieran, establecer una presunción en su contra, hasta llegar a un proceso penal.

--¿Cree que el hecho de que tuviera que intervenir Anticorrupción desde Madrid deja en mal lugar a las autoridades u órganos de control aragoneses?

--No, es cuestión de los que denunciaron el caso en Anticorrupción, en lugar de aquí. Estoy seguro de que la Fiscalía de Zaragoza habría hecho lo mismo. Pero habría que preguntarles a ellos por qué lo hicieron así.

--En una entrevista anterior mostraba su preocupación porque los juicios en este ámbito se dilaten hasta que los delitos prescriban y el efecto que esto pueda tener en la ciudadanía. ¿Cree que puede ser el caso?

--Quiero remarcar que los plazos no se pueden acelerar porque la propia clase política no ha querido. Llevamos tiempo pidiendo una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que acelere la instrucción, los jueces hemos hecho muchas propuestas: limitar los posibles recursos al mínimo imprescindible, acortar los plazos del secreto... No hay voluntad de establecer una norma procesal ágil.

--En ese sentido, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supondrá aún más control político...

--Es el mayor ataque a la independencia judicial de la democracia. Hace depender al poder judicial del Ministerio de Justicia, que nombrará a los cinco vocales y al presidente que marcarán la política judicial. Y en época de corrupción es básico que el CGPJ garantice su apoyo a los jueces para realizar dignamente nuestro trabajo. Como presidente de una asociación judicial a nivel nacional (Foro Judicial Independiente), espero que el PSOE interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma y solicite su suspensión cautelar, impidiendo la renovación que está en trámite. Y espero que el Tribunal Constitucional la suspenda y modifique en el sentido de democratizar el consejo, a través del lema un juez, un voto.