Al Ayuntamiento de Zaragoza no le va a quedar otra que pagar a las concesionarias de los servicios de limpieza y autobús. Su deuda con ambas empresas asciende, como mínimo, a unos 35 millones de euros, en torno a diez con FCC y el resto con Autobuses Urbanos (AUZ), aunque corresponda con lo que no se le ha pagado por la anterior contrata, cuando se llamaba TUZSA.

Sus obligaciones con ambas firmas le llevan forzosamente a incluir estos pagos en el próximo presupuesto, cuya cifra final ya asciende a casi 670 millones de euros, 14 más que los 653 que le trasladó hace menos de un mes a CHA e IU. Unas cuentas que, además, ya tienen fecha límite para su aprobación: el próximo día 24.

El problema es que no puede asumir todo el gasto y tendrá que negociar con ambas. Fuentes municipales explicaron a este diario que el objetivo del consistorio es pactar con ambas un plan de pagos a dos o tres años que permita abonar la deuda de forma más cómoda. En el caso de la concesionaria de la limpieza pública, FCC, incluso apuntan a que podría existir un principio de acuerdo entre ambas partes, aunque la resolución del concurso para adjudicar el servicio de mantenimiento de las zonas verdes sigue arrojando incógnitas sobre la flexibilidad que está dispuesta a ofrecer la multinacional.

RELACIONES ROTAS El caso de la empresa que gestiona el autobús, la situación es radicalmente distinta. La relación entre las partes (AUZ y ayuntamiento) están completamente rotas, sobre todo después del último encuentro entre el vicealcalde, Fernando Gimeno, y el consejero delegado del Grupo Avanza, Jesús López Torralba.

En esta reunión salieron a la luz las enormes diferencias respecto a la deuda que mantiene el consistorio zaragozano, ya que sostuvo que la cifra por la liquidación de la anterior contrata supera los 50 millones de euros. Mientras, el consistorio le reconoce una cantidad algo inferior a 30.

Por si fuera poco, el Gobierno municipal está a la espera de conocer el resultado de la auditoría que ha encargado sobre la deuda con la empresa del autobús, la revisión de las tarifas aplicadas por TUZSA en los últimos dos años del contrato, las subidas salariales y todos los gastos que, posteriormente, acababa repercutiendo al ayuntamiento. Y, en este sentido, podrían producirse sorpresas. Hace diez años que no se le hacía una y en la última, llevada a cabo en el año 2003, se destaparon gastos superfluos que llevaron a descontar de la factura final un millón de euros.

Pero el Gobierno municipal es consciente y asume que tendrá que pagar. Por este motivo, incluirá alrededor de 14 millones de euros más en el capítulo dedicado a los gastos en los servicios públicos. Quizá no en la partida específica del transporte urbano, sino en otra genérica que también incluiría el primer pago a FCC.