No será una subida intensa, pero generará confusión. El Gobierno prevé elevar alrededor del 0,2% el recibo de la luz de unos 13 millones de consumidores. Con la medida pretende dar cumplimiento a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a modificar el margen de comercialización que perciben las eléctricas que venden con tarifa regulada o precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC), que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo.
El problema es que muchos de los afectados puede que ya no sean clientes de estas compañías. Así, además de pagar el recibo a la comercializadora del mercado libre que les suministra en la actualidad recibirán, una vez que se apruebe el decreto, una factura con la cantidad que deberán regularizar con la firma que les vendía la luz en ese momento, desde abril del 2014.
Un ejemplo, si el recibo ascendía entonces a unos 1.000 euros anuales, serán dos euros que tendrá que abonar a la compañía comercializadora de PVPC que tenía en el momento. «Es más el lío y la confusión que generará que el importe», afirman fuentes del sector. De hecho puede resultar «campo abonado» para las prácticas comerciales agresivas que utilizan algunas compañías para forzar el paso de clientes al mercado libre, afirma Jorge Morales de Labra, experto del sector, vicepresidente de la Fundación Renovables y director general de GeoAtlanter.
El ministerio de Economía, que asumió la cartera de Industria tras la dimisión de su titular en funciones, José Manuel Soria, ha redactado un proyecto de decreto con modificaciones para adaptarse a las exigencias del alto tribunal, al que han tenido acceso distintos agentes del sector. El problema es que el texto del Ejecutivo puede dar pie a nuevos recursos de las eléctricas, al reconocer un margen del 1%, muy por debajo de la media europea del 3%, explica Motales de Labra. Además, la estimación del Gobierno se aleja también de los cálculos de la CNMC, que preveían un alza de entre el 1% y el 7% en los recibos.
En la propuesta de decreto, el Gobierno cifra un impacto de más de cuatro millones de euros por la regularización de los ingresos en el 2014, de unos 12 millones en el 2015 y de casi 9 millones en el 2016. en tota, 26 millones. El impacto concreto para el 2014 es del 0,08%; del 0,23% en el 2015 y de casi el 0,2% en el 2016.
El margen de comercialización fue recurrido en mayo del 2014 por Gas Natural e Iberdrola ante el Supremo por considerar que no cubría los costes de sus comercializadoras de referencia. Hasta ahora son cuatro euros anuales por kilowatio (kW) de potencia contratada. Según las compañías, esta cifra, que supone para ellas 280 millones de euros, únicamente cubre el 60% de sus costes.
