Ni Trumpcare ni la reforma fiscal ni la inversión en infraestructuras. La primera gran legislación que se prepara para aprobar el Congreso de la era de Donald Trump, controlado por los republicanos, es una que el presidente preferiría que no llegara a su mesa: una propuesta de ley que endurecerá las sanciones a Rusia tanto por la injerencia en las elecciones estadounidenses como por las agresiones militares en Ucrania y Siria y por abusos de derechos humanos. Y la norma, que tiene prácticamente garantizada su aprobación al haber sido pactada por congresistas de los dos partidos en las dos cámaras, acorrala a Trump, que pese al consenso de la comunidad de inteligencia estadounidense, sigue poniendo en duda la responsabilidad del Kremlin en los ataques al proceso electoral y quería flexibilidad para hacer diplomacia con Vladímir Putin aligerando la presión sobre Moscú.
El acuerdo bipartidista para sacar adelante el proyecto de ley, que también incluye sanciones a Irán y a Corea del Norte, se anunció el sábado. La votación en la Cámara Baja se producirá el martes y abrirá el camino para que las dos cámaras cumplan todos sus trámites y le den el visto bueno antes de su receso veraniego. Y ahí estará el dilema de Trump: podría intentar vetarla, pero correría dos riesgos. Su veto podría ser anulado si los congresistas logran una mayoría de más de dos tercios, pero además colocaría en la difícil posición de justificar su laxitud con Moscú a un presidente ya extremadamente asediado por el Rusiagate, la investigación sobre la posible cooperación de su campaña con la injerencia rusa, y por su cálida relación con Putin.
EL RETO DEL VETO/ No está claro qué hará Trump. Ayer, la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, insinuó que Trump firmará la ley al asegurar en un programa de la ABC que «la Administración apoya ser duros con Rusia, en particular imponiendo estas sanciones», aunque ella vinculó los castigos solo a la intervención en Ucrania y no a la injerencia en las elecciones. No obstante, el nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, fue mucho más vago respecto el compromiso de Trump de respaldar los castigos. «Tomará esa decisión cuando la tome», dijo en una entrevista en CNN, una intervención con la que desató la polémica al recordar también que el presidente sigue sin estar convencido de la responsabilidad rusa en la injerencia electoral.
El presidente está prácticamente solo en cuestionar la interferencia del Kremlin y precisamente esa soledad explica que la preparación de la ley de sanciones haya unido a republicanos y demócratas. No ha sido un proceso fácil, pero finalmente han pactado una iniciativa legislativa que convierte en ley las sanciones que Barack Obama dictó en diciembre por orden ejecutiva contra Rusia como castigo por la injerencia. La norma pretende limitar las alianzas comerciales de compañías estadounidenses con empresas rusas en los sectores de energía y defensa, aunque se ha adaptado a preocupaciones expresadas por la industria de que la extrema dureza podría beneficiar a los rusos y eleva los parámetros que prohibirían los acuerdos empresariales. Castigará también a rusos acusados de abusos de derechos humanos, de dar armas a Siria o de minar la ciberseguridad.
El elemento más dañino de la propuesta para Trump, no obstante, es que la ley impedirá al presidente decidir unilateralmente rebajar la presión a Moscú. En concreto, la propuesta de ley obliga a Trump a enviar al Congreso un informe sobre cualquier tipo de acciones bajo su consideración que «alterarían significativamente» la política exterior de EEUU respecto a Rusia. Eso incluye cualquier plan para aligerar sanciones o para devolver las propiedades rusas en Maryland y Nueva York que Obama ordenó desalojar en diciembre y cuya devolución Moscú reclama con insistencia. Una vez que los congresistas reciban ese informe del presidente, dispondrán de 30 días para estudiar y debatir las propuestas, que podrían aceptar o rechazar.
El acuerdo entre republicanos y demócratas ha permitido respirar en Washington un aire inusual de bipartidismo, aunque la negociación de la propuesta no ha estado exenta de tensiones. Durante el proceso los demócratas han acusado a los republicanos de intentar proteger a la Casa Blanca con tácticas dilatorias y hay temores de que la inclusión en la propuesta de ley de las sanciones a Corea del Norte retrase la votación (porque una propuesta anterior aprobada por el Senado no contenía las sanciones a Pionyang y la Cámara Alta tendrá que votar el nuevo texto).
En Moscú, mientras, un portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo que la valoración del acuerdo del Congreso es «altamente negativa».
