Como ha venido haciendo desde que el caso Tenza saltó a la luz pública, el Gobierno de Aragón ha hecho gala de una defensa pretoriana del que es uno de los profesionales más valorados en el departamento de Salud. Considerado auténtico factótum del consejero Oliván y autor intelectual de las 400 medidas con las que el Ejecutivo autonómico aspira a una gestión más eficaz de la sanidad aragonesa hasta el 2015, el departamento insistió ayer, una vez más, en que no está dispuesto a "a hacer juicios paralelos" sobre la situación del director gerente del Servicio Aragonés de Salud. "Es inocente mientras no se demuestre lo contrario", afirmaron fuentes de Sanidad.

Por su parte, los sindicatos sanitarios y colectivos profesionales, con los que Tomás Tenza lleva lidiando desde su nombramiento para tratar de aplicar los recortes que impone el PP de Mariano Rajoy, se mostraron ayer divididos respecto a si el número dos del departamento debe o no seguir en su puesto.

SITUACIÓN COMPLICADA Desde Fasamet, que agrupa a médicos de atención primaria, creen que, "aunque la presunción de inocencia siempre tiene que garantizarse, es difícil que el gerente del Salud se mantenga en el cargo, por la responsabilidad política que conlleva". Así se expresaba su secretario general, Leandro Catalán, que advertía de que "si el consejero --Ricardo Oliván-- no toma decisiones, será él que deba asumir las consecuencias que determine el momento", en alusión a la posibilidad de que Tenza sea declarado culpable de los delitos que se le imputan en Burgos.

El máximo responsable del sindicato médico CESM, Lorenzo Arracó, apeló también a la presunción de inocencia de Tenza. "Otra cosa es que nosotros hagamos un juicio sobre su gestión, que es pésima, como lo es la de la consejería y la de todo el Gobierno", dijo Arracó. El secretario general de esta fuerza sindical cuestionó, eso sí, que el PP aragonés "no aplique la teoría que ha sostenido hasta ahora, al menos en otros ámbitos".

Desde la federación sanitaria de Comisiones Obreras, Juan Antonio Urdániz, reconocía la "dificultad" de estos casos, pero ponía por delante que "no tenemos elementos de juicio", si bien reconoció que "un delito de prevaricación es especialmente grave y probablemente --pronosticó-- para el consejero esto tenga un coste político".

José Miguel Salas, de UGT, se limitó a manifestar que "nosotros creemos en la Justicia y en el estado de derecho, por lo que, si ahora está en manos de un juez, preferimos no opinar". El presidente autonómico de sanidad del CSIF, Evangelino Navarro, también dijo respetar la presunción de inocencia de Tenza "mientras no haya un veredicto", pero cargó contra el consejero Oliván. "Tenza está ahí por una decisión política y alguien le ha dado su confianza", declaró.

"DEBE DIMITIR" El único colectivo que, pese a insistir también en la presunción de inocencia de Tomás Tenza, pidió directamente su dimisión fue Marea Blanca. Una de sus representantes, Ana Asensio, subrayó que "nosotros la pediremos una y otra vez". "Éticamente, no puede estar al frente de algo tan importante como el Servicio Aragonés de la Salud, y menos cuando está imputado por un delito de prevaricación".