Las residencias privadas tienen libres el 30% de sus camas

Como en el resto de España, las residencias privadas para mayores y personas dependientes de la comunidad no pasan por su mejor momento. Después de años de bonanza, en los que proliferaban las listas de espera de familias dispuestas a desembolsar en torno a entre 1.200 y 2.000 euros al mes por una cama, la situación es hoy bien distinta. Según Antonio Mayor, presidente de la Asociación de Centros de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón (Acassa), "la inmensa mayoría de residencias cuenta con el 30% de sus plazas libres". Un desastre para lo que, desde la óptica privada, no deja de ser un negocio.

En el conjunto de las tres provincias, existen unas 10.000 plazas en este tipo de centros, de los que unas 2.100 están en centros propiedad del Gobierno de Aragón y otras 1.800 se hallan en régimen de concierto. Pero la crisis ha golpeado con fuerza a los servicios sociales y eso se nota, sobre todo, en las residencias privadas, que, en el caso de "seis o siete" han tenido que cerrar durante los últimos meses, según el presidente de la asociación que las agrupa. De la viabilidad económica de estos centros dependen, de acuerdo a los datos suministrados por Acassa, "más de 2.000 empleos". Y del mismo modo que se han producido cierres, "también ha habido numerosos despidos".

Para Antonio Mayor, que resalta la "profesionalidad y el buen servicio" de los 60 centros a los que representa, "está claro que los recortes afectan directamente a las familias, que no tienen para pagar las residencias y se tienen que llevar a sus seres queridos a casa". A la deteriorada situación económica general, Mayor une "el cobro de los medicamentos desde el mes de junio --cuyo pago suelen gestionar los propios centros-- y el aumento del IVA del 8 al 10% en septiembre" en el precio de los servicios que ofrecen --los empresarios llegaron a temer que el aumento impuesto por el Gobierno fuera hasta el tipo máximo del 21%--.

En el horizonte y como aparente tabla salvadora, aparecen las intenciones del Gobierno de Aragón, cuyo Departamento de Sanidad y Servicios Sociales aspira a sortear los recortes impuestos desde Madrid en las ayudas a la dependencia, otorgando más peso a la prestación de los servicios profesionales --como los ofrecidos en las residencias-- y restándoselo a las ayudas directas a los familiares cuidadores. En sus inspecciones, el Ejecutivo descubrió fraudes como una prestación que se concedía a un familiar, por cuidar a un dependiente, aun viviendo a 400 kilómetros de distancia. El máximo responsable de Acassa está de acuerdo con las intenciones del consejero Ricardo Oliván: "La ayuda al domicilio ha de ser la última opción". De hecho, Mayor reclama que "si hay una persona a la que se le paga por cuidar a otra en una casa, se debe inspeccionar ese domicilio, para comprobar si cuenta con baño, accesos, cama adaptadas, etcétera".

LA 'DEUDA' DE LA DGA En el debe del Ejecutivo autonómico, el representante de los centros privados también recuerda que "hace dos años y medio, firmamos un convenio para concertar 700 plazas". Sin embargo, a día de hoy, "no nos han dado ni el 2%", se lamenta Antonio Mayor. Desde la DGA, explican que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) está tramitando la adjudicación de 180 plazas de atención residencial para personas mayores dependientes, 140 en centros concertados y 40 en residencias de titularidad local. El Gobierno anuncia que "la incorporación efectiva de los adjudicatarios de las plazas de producirá, previsiblemente, a comienzos de este mes de octubre". Recuerdan, además, que "a lo largo de este año, se ha mantenido la adjudicación de las vacantes que se han ido produciendo en los centros propios".

Las residencias afronta el futuro tras un verano que "ha ido muy mal", según el presidente de Acassa. Frente a una época en la que, tradicionalmente, las familias han recurrido a estos centros para que cuidasen de los suyos, la situación económica ha hecho que "en lugar de los tres meses que pasaban antes en las residencias, ahora nos haya venido gente a pasar solo quince días o, simplemente, hayan decidido no venir".