Lo que se persigue con la futura modificación es dar cobertura a todos los colectivos que social y laboralmente presenten riesgo de exclusión, un mayor seguimiento y control de las prestaciones durante todo el periodo de percepción y diferenciar dos itinerarios: para las personas socialmente excluidas y para quienes por falta de trabajo puede verse en riesgo de exclusión a corto y medio plazo. También se pretende asegurar la protección social a determinados colectivos en situación de precariedad social, prevenir la aparición de nuevas bolsas de pobreza y marginación, fomentar la iniciativa social apoyando proyectos innovadores en esta materia, consolidar la red de entidades que desarrollan acciones que favorecen la inclusión social, definir nuevas metodologías de trabajo con colectivos excluidos o en riesgo de exclusión y mejorar los procesos administrativos que conlleva.