Las Cortes de Aragón aprobaron ayer la Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos, con el voto favorable de los grupos de PP y PAR, el apoyo parcial del PSOE y el rechazo de IU y CHA. Los beneficiarios son los profesionales sanitarios de la red pública reconocidos legalmente como tales, los directores y subdirectores de centros sanitarios o sociales, trabajadores sociales, pedagogos, educadores y personal de gestión y servicios. Estos profesionales serán considerados autoridad pública, tendrán asistencia jurídica y gozarán de la presunción de veracidad en los escritos que formalicen. Los funcionarios deberán colaborar con los profesionales. El departamento aplicará sanciones administrativas si los usuarios cometen infracciones y comunicará a la Fiscalía las conductas penales.

INVESTIGACIÓN Por otra parte, el pleno pidió por unanimidad al Ejecutivo autonómico que realice un "esfuerzo complementario" en la contratación de jóvenes investigadores, para "impedir la fuga total" de estos y favorecer la formación de los universitarios. Asimismo, reclamaron fomentar la presentación de proyectos de investigación al programa marco Horizon 2020 de la Unión Europea y programas de apoyo a la investigación del Gobierno del Estado por parte de los institutos de investigación dependientes de la Universidad de Zaragoza o los centros y organismos de investigación dependientes del Gobierno de Aragón "para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen, garantizando los fondos necesarios para la cofinanciación de dichos proyectos".

La moción fue presentada por el PSOE y enmendada por IU y también incluía otro punto, que fue rechazado con 30 votos en contra de PP y PAR y 25 a favor de PSOE, CHA e IU, que pedía incrementar los fondos de 2013 para técnicos de apoyo a la investigación y así aumentar el rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas en los centros y organismos de la comunidad.