Aragón expulsa a más de 1.300 extranjeros desde el 2011

Las autoridades aragonesas han incoado desde el 2011 1.323 procedimientos de expulsión de extranjeros, el equivalente a localidades como Montalbán o Figueruelas. De ellos, 129 en lo que va de este año, con datos actualizados hace una semana. El ritmo corre más o menos paralelo a la evolución de la población extranjera residente en la comunidad, que este año se ha desplomado de 173.653 a 148.922, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este año, de mantenerse el ritmo, terminaría con 387 expedientes iniciados, cifra similar a la del 2012, cuando había casi 30.000 inmigrantes censados más.

Según la legislación vigente, estas expulsiones --los datos son de expedientes incoados, no se sabe cuántos se han ejecutado, precisaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón-- pueden derivar de condenas con pena de prisión, que se sustituyen, o de incumplimientos administrativos tipificados como graves, como estar mucho tiempo sin comunicar un cambio de residencia o situación laboral, o no renovar un permiso.

Los abogados especializados en Extranjería, como los del Servicio de Atención y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI), llevan tiempo alertando de la doble condena que supone en muchos casos este sistema. Los presos cumplen su condena, pero por diversas razones --olvido, denegación de permisos-- no renuevan sus papeles en prisión, por lo que cuando salen son inmediatamente deportados. Cuando no se les cancela directamente el permiso por sus antecedentes penales.

Otros letrados apuntan más alto y señalan la concepción errónea de la legislación de Extranjería Europea, que vincula una potestad de cada país, como la autorización de la residencia, a un derecho fundamental como el del trabajo.