Las subvenciones de acción social se han convertido en una pesadilla para la concejala de Derechos Sociales, Luisa Broto. Desde que las entidades conocieron el reparto de las cuantías solo ha recibido críticas. Aún así, ayer decidió aprobarlas.

Lo anunció durante la celebración del primer Consejo Sectorial de Acción Social en el que participaron más de 50 personas, representantes de las entidades que lo componen y de los distintos grupos políticos. El ambiente fue más tenso de lo habitual. La concejala manifestó su compromiso firme "con el debate, la deliberación, la construcción de inteligencia colectiva y la participación de entidades y administración, en el diseño de un modelo de intervención que pueda abordar las situaciones de pobreza y exclusión a las que se enfrenta la población más vulnerable".

Unas palabras que se diluyeron entre las críticas de las entidades que han salido perjudicadas en el reparto de subvenciones. Este año se habían presentado 160 entidades, 15 nuevas. La partida presupuestaria asciende a 1.550.136 euros que ha tenido que repartirse. De total, 60 han mejorado su financiación respecto al 2014 y 25 la han visto reducida. Algunas de las entidades van a recibir una cuantía entre los 600 y los 1.000 euros.

Entre los colectivos más afectados han sido las organizaciones dedicadas a la discapacidad, que han visto reducidas sus cuantías hasta un 40%. Ahora, con la polémica zanjada, le queda por delante un duro trabajo. Primero demostrar que las bases de la convocatoria no eran las más adecuadas, como ha dicho, ya que es la primera vez que se monta este revuelo. Y segundo, redactar unas nuevas que contenten a todos: a los grupos municipales que votaron en contra, y a las asociaciones.

La concejala aprovechó el consejo para informar de las actuaciones que ha realizado hasta ahora Zaragoza en Común.