Las responsabilidades políticas que se puedan derivar de la corrupción en la plataforma logística de Zaragoza (Plaza) ya quedaron definitivamente zanjadas en la comisión parlamentaria que las abordó durante el 2014 y cualquier insistencia con el tema es "poner palos en las ruedas" de la "joya de la corona" para el desarrollo de Aragón. El presidente Javier Lambán insistió ayer en las Cortes en la idea que ha defendido desde que se conociera la sentencia contra el cargo socialista Carlos Escó y Ricardo García Becerril. Podemos, con Pablo Echenique al frente, esperaba más de contundencia. "¿No le parece poco justificable el retiro dorado de Marcelino Iglesias en el Senado tras haber sido el máximo responsable de Aragón mientras la gran estafa tenía lugar?", cuestionó.

PÉRDIDAS

Echenique, más allá de los aspectos judicializados en la gestión de Plaza se interesó por la gestión financiera "del buque insignia de la logística", con 3.000 millones de euros de movimiento acumulado, más de 250 empresas instaladas y una estimación de alrededor de 10.000 empleos creados directa o indirectamente por su actividad. "Plaza arrojó el año pasado 18,8 millones de pérdidas y sus activos, esencialmente naves y suelos, no cubren su actual deuda de 138 millones", afirmó. Además destacó que aunque se vendiesen todas las parcelas la sociedad no sería capaz de generar en la próxima década los fondos suficientes para amortizar la deuda.

Podemos consideró necesaria la asunción de responsabilidades políticas para que los inversores "vean que se ha pasado página". "La comisión de investigación que se realizó me da vergüenza ajena", afirmó Echenique, para pedir al presidente que se olvide "de los silencios pactados".

Javier Lambán destacó que el proyecto ya ha pagado con la merma de inversiones la "mala propaganda" que se ha derivado de su gestión, aunque reconoció que la cuantía "no se podrá conocer con precisión". El presidente aragonés consideró que serán "inmisericordes en la reclamación de las mermas" que determinen los procesos judiciales. También se defendió alegando que "ningún cargo electo" ha sido citado en la investigación, todavía en curso. Y aseguró la apuesta logística de la comunidad como el mejor camino para crear empleo.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

Todos los grupos políticos coincidieron en señalar la importancia estratégica del sector, y los que tenían representación la pasada legislatura (todos menos Podemos y Ciudadanos) destacaron el trabajo que hizo la comisión de investigación, con diez meses de trabajo, 23 sesiones y 71 comparecientes. En todo caso, la diputada del grupo Mixto, Patricia Luquin, reclamó que Marcelino Iglesias pusiera su cargo sobre la mesa "por responsabilidad ética". La posición del senador autonómico también fue cuestionada por la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar. "De una forma u otra tendría que comparecer para ofrecer más explicaciones", aseguró.

El representante del grupo Popular, Roberto Bermúdez de Castro, estimó el desfalco total de la plataforma en 150 millones de euros. "A la vista de lo sucedido quizá Iglesias debería reflexionar si le merece la pena continuar en su puesto", indicó, aunque cuando se conoció la primera sentencia afirmó que el debate ya estaba zanjado. El portavoz del PSOE, Javier Sada, indicó que el partido "no tiene nada que ocultar" y defendió el trabajo de una comisión "en la que no se produjo ni un solo veto". El portavoz del PAR, Arturo Aliaga, pidió más consensos para evitar que se torpedee un proyecto que consideró fundamental para el desarrollo de Aragón.