El Gobierno de Aragón ha decidido suspender el cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) el tiempo que dure la crisis provocada por el coronavirus. Esta es una de las primeras medidas en materia impositiva tomadas en la comunidad para compensar por los perjuicios provocados por la cuarentena obligada. La moratoria abarcará a los recibos ya enviados, así como a los que estén pendientes de cobro.
El Gobierno de Aragón reacciona con esta medida a una situación «excepcional», como ya han anunciado otras administraciones. Desde el Ejecutivo central y otras autonomías también se ha confirmado la rebaja o la cancelación temporal de otras medidas impositivas, como pueda ser el IRPF.
A falta de concreción en los datos sobre cómo pueda afectar a las arcas públicas, esta moratoria en el ICA supondrá un alivio directo a los bolsillos de todos los aragoneses. Este tributo se paga en todos los municipios de la comunidad y forma parte de los impuestos que el Gobierno de Aragón tenía previsto modificar a lo largo del año para cumplir con sus compromisos de investidura.
El ICA supone un pago medio por familia de cuatro miembros y un consumo diario de cien litros por cabeza de unos 12,5 euros mensuales, que a partir de esta semana estará suspendido. Esta decisión responde también al clima de oposición contra el tributo que se ha alentado desde algunos sectores de la sociedad zaragozana. Estos colectivos críticos, agrupados en torno a la Red de Agua Pública de Aragón (Rapa) han promovido manifestaciones y acciones de protesta, entre ellas una campaña para no pagar los recibos.
IMPAGOS ANUALES
Por el momento el ICA, según datos de la Rapa, acumula más de 100.000 impagos anuales y más de 50.000 recursos de reposición. Asimismo, las protestas ciudadanas han supuesto más de 3.000 reclamaciones económico administrativas contra los recibos del 2017 y los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La Agencia Tributaria ya cursó apremios para lograr que se abonaran las cantidades correspondientes.
En estos momentos dentro del Gobierno de Aragón conviven dos sensibilidades diferentes sobre la gestión de este recurso ambiental. Por un lado, Podemos, que ha sido una de las formaciones políticas más críticas con estos pagos, al vincular su cobro al fracaso de los planes de depuración autonómicos impulsados hace varias legislaturas. Desde la DGA señalan que todos ellos han sido derogados y que además se impulsó una comisión de investigación en las Cortes de Aragón para depurar responsabilidades políticas sobre los mismos. Por otro, partidos como el PAR, considerado ideólogo de aquellos proyectos.
