El impacto que va a tener el cambio climático sobre el medioambiente va a tener un reflejo directo en la planificación hidrológica de la cuenca del Ebro en los próximos años. Por este motivo, la Confederación Hidrográfica del Ebro contempla en el plan hidrológico del Ebro (2021-2027) una reducción de las aportaciones de agua a la cuenca de un 20% hasta el año 2100, según los peores escenarios. La reducción estimada de las aportaciones es brusca, ya que en el plan del anterior sexenio estas previsiones solo eran de un 5% menos, y está tomada en función de los datos científicos y técnicos entre otros del Instituto Geográfico Nacional. Esto, evidentemente, tendrá una incidencia directa en los usos y las nuevas infraestructuras que se acometan en la cuenca. De este modo, y una vez que durante la presentación del Esquema de Temas Importantes ya se avanzó que no iba a haber nuevas grandes obras de regulación, ayer se constató durante la presentación del Plan Hidrológico del Ebro hasta 2027 que se modera notablemente la expansión de los nuevos regadíos.
Asimismo, se reducen notablemente las actuaciones previstas, lo que tiene un reflejo directo en las estimaciones presupuestarias. Se adapta de este modo el plan a un escenario más realista, tanto por la situación económica como por el cambio climático. Así, si en el plan hidrológico vigente del 2015 al 2021 se contemplaban más de 2.000 actuaciones con un coste estimado de 15.000 millones de euros, en el nuevo plan, que estará vigente hasta el 2027, estas actuaciones se reducen a 890 con un coste estimado de 3.000. De ellos, la Administración General del Estado aportaría 750.
Ante estas perspectivas, en el nuevo plan solo se prevé la creación de 47.499 hectáreas nuevas, de las que más de la mitad (25.956) estarán en Aragón. Le sigue, de lejos, Cataluña, con algo más de 13.000. El Plan Hidrológico del Ebro hasta el año 2027 fue presentado ayer por, entre otros, la presidenta del organismo de cuenca, Dolores Pascual, y el jefe de la oficina de planificación hidrológica, Miguel Ángel García Vera. El documento, después de más de dos años de trabajos previos, está ya en periodo de información pública hasta el próximo mes de diciembre y se aprobará durante el próximo año.
Modernizaciones en marcha
Además de estos nuevos regadíos previstos en la demarcación, se trabaja con la culminación de otras 30.000 hectáreas de proyectos ya iniciados, la mayoría de ellos en Aragón. Los responsables de la confederación consideran que estos regadíos no supondrán un incremento de la demanda en la demarcación, puesto que se podrán atender con el agua liberada por la modernización de regadíos y por la revisión de dotaciones de riego que se va a realizar en las siguientes adaptaciones del plan hidrológico.
Uno de los aspectos importantes de la inclusión de estas hectáreas de regadío de modernización es que todas ellas tienen un interés social y, algo muy destacable, es que todas cuentan con garantía de financiación europea. De este modo, se consolidan aquellos que se puedan ejecutar y tengan un cumplimiento realista. En toda la cuenca se superan las 900.000 hectáreas de regadío, de las que alrededor de 415.000 están en Aragón, según datos del Ministerio de Agricultura. Esto supone aproximadamente el 25% de la superficie cultivable de la comunidad autónoma.
El plan contempla medidas más restrictivas para las concesiones de riego a lo largo del río y un mayor control de las aguas subterráneas, muy amenazadas por la contaminación, en especial por la sobreexplotación agrícola y ganadera. Prácticamente el 70% de estas actividades en toda la cuenca, que engloba nueve comunidades autónomas, se desarrollan en Aragón y en zonas limítrofes de Navarra, La Rioja y Cataluña.
Como ya se indicó hace varios meses, las infraestructuras hidráulicas previstas son mucho más escasas, y en el contexto de cambio climática y la adaptación de las políticas agrarias y de obras a las normativas medioambientales europeas, en los próximos años solo está previsto concluir las grandes obras de regulación pendiente, entre las que se incluyen Yesa, Almudévar, Santolea y Mularroya, actualmente paralizada por la Justicia a mitad de ejecución.
Cualquier otra obra de regulación será sometida a un exhaustivo debate sobre su viabilidad tanto económica como medioambiental, y siempre para la introducción de las mismas en planes futuros. De momento, parece muy remota la creación de nuevas obras en el futuro.
