Es necesaria más información y mejor formación. Esas fueron las dos principales conclusiones del acto informativo que ha ofrecido este viernes la asociación Derecho a Morir Dignamente en Aragón (DMD) en el Centro de Historias de Zaragoza.

Durante la sesión ante sus socios, los representantes de la DMD han enumerado las que, a día de hoy, son las principales carencias para una correcta aplicación de la Ley de Eutanasia, aprobada el pasado mes de marzo y en vigor desde junio. La sesión también ha servido para recordar a Emilia, miembro de la asociación que se suicidó el pasado sábado 6 de noviembre tras ser rechazada su solicitud de eutanasia, y ante "un silencio total, de su médico y de su centro de salud", según han denunciado. 

La asociación percibe "fallos básicos" en la aplicación de la norma por parte de la Administración. Uno de los problemas centrales es la falta de comunicación a la ciudadanía. "Parece que no hay coraje para informar sobre el momento en el que se encuentra la ley, que tras aprobarse vía decreto exprés en Aragón para que fuese aplicable desde su inicio, ahora está esperando al decreto definitivo", afirmó Consuelo Miqueo, integrante de DMD. Un aspecto importante, a su juicio, para que la ciudadanía sepa que ya está vigente "y ya no estamos en el debate".

La segunda de las deficiencias es la "insuficiente" formación en la ley, ya que según confesó Miqueo, en ocasiones se encuentran con que ellos desde la asociación conocer más sobre el procedimiento. En este sentido, DMD llamó a "tener paciencia" para que este derecho se naturalice y que, por ejemplo, la entrevista del "proceso deliberativo" que debe producirse entre médico y paciente a la hora tramitar la eutanasia cambie el actual "paradigma paternalista" y se convierta en un mero proceso informativo para que el profesional compruebe que la persona solicitante está perfectamente informada del proceso.

Finalmente, el presidente de DMD, José Luis Trasobares, avisó de que desde la asociación no entrarán en polémicas ni ataques, sino que únicamente velarán por "defender los derechos del paciente" y que sea él quien decida cómo quiere terminar con su vida.