Aragón ha comenzado ya la batalla por arañar los máximos recursos posibles en la futura financiación autonómica, cuya negociación se plantea como una gran carrera de fondo que comenzó el pasado diciembre. Entonces, el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa una primera propuesta sobre el cálculo de la población ajustada, uno de los pilares sobre los que se asentará el futuro reparto de fondos. Y lo cierto es que esa primera melodía suena bien en el Pignatelli, aunque creen que habrá que estar atentos a muchos otros frentes que todavía quedan por abrir. Las primeras notas tampoco parecen desencantar a los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón que, salvo Vox, parecen dispuestos a consensuar un documento para remitirlo a Madrid en las próximas semanas. No obstante, son más las incógnitas que las certezas.
Aragón recibe a día de hoy 3.800 millones de euros al año del Estado en ingresos a cuenta, aunque esa cantidad se eleva a los 4.200 millones si se incluyen los fondos de las conferencias sectoriales, los que llegan de Europa y el margen que otorga el déficit. El reto es elevar esa cantidad, pero eso significaría, o bien que el Estado pondrá más dinero en la hucha autonómica o que la comunidad saldrá mejor parada en el reparto final en detrimento de otros territorios. Esa será la batalla que habrá que librar en cada reunión, en cada propuesta y en cada documento remitido a Hacienda. Pero el comienzo es esperanzador. Una luz que se enciende en un mecanismo de financiación pendiente de reforma desde 2014.
El presidente Lambán reconoció ayer que, de acuerdo a ese documento, Aragón y Extremadura son las regiones más favorecidas. En concreto, la propuesta del departamento que dirige la ministra Montero recoge una variación del 7,03% a favor de la comunidad, pasando de 106,53 puntos sobre 100 (que es el promedio) a 113,56 puntos. Así se lo trasladó este lunes Lambán a los grupos parlamentarios en las Cortes en un encuentro en el que participó el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. En definitiva, Hacienda ratifica en este cálculo de población ajustada la postura de Aragón de primar el coste real de los servicios (territorio, sobreenvejecimiento dispersión....) y no solo la población como elemento clave a la hora de distribuir los fondos en servicios básicos: sanidad, educación y servicios sociales. Estas áreas suponen entre el 71% y el 85% del total de la financiación. «El cambio básico es que desaparece el criterio de población pura para determinar la financiación», señalan desde el Ejecutivo.
Hacienda fija hasta 20 tramos de edad para ponderar el coste de la Sanidad
Población más envejecida
En el caso de la Sanidad, la variable del sobreenvejecimiento es clave para Aragón. Hacienda no solo prevé un incremento de fondos en esta partida, que pasa del 38% actual a entre el 40 y el 45%, sino que divide la población en 20 tramos de edad (ahora solo hay siete) para calcular el gasto. Ahí, se ponderará cada tramo, siendo el de los mayores de 85 años el más costoso, lo que beneficia a la comunidad.
No ocurre lo mismo en Educación, por contraste. La menor población joven hace casi inevitable que los fondos lleguen en mayor cuantía a aquellas comunidades menos envejecidas. En este caso, el porcentaje de recursos pasa del 20% actual al 25-30%. Los indicadores seleccionados serían la población hasta los 17 años y la educación superior, que se introduce como novedad, valorada por la población entre los 18 y 24 años.
Los dos indicadores están corregidos respectivamente por los alumnos de FP superior y por los alumnos universitarios desplazados de otras comunidades.
En Servicios Sociales, los fondos se repartirán en función de dos tramos: de 65 a 79 años y de más de 80 años. En el gasto social ocurre como en Sanidad, ya que conforme avanza la edad mayor es el coste del servicio. Ahora bien, también se incluye la variable de parados sin prestación. El peso de este bloque se situaría entre el 6 y el 10% del total frente al 8,5% actual.
Este documento responde, asimismo, a las reclamaciones de Aragón como la introducción de variables como la superficie o la dispersión. No obstante, la comunidad buscará dar la batalla para arañar algo más en este apartado al considerar que es susceptible de mejora.
Sea como fuere, el Gobierno de Aragón insiste en que el documento planteado por Hacienda «no es determinante» porque «no se aborda la suficiencia, la nivelación, la autonomía tributaria, la corresponsabilidad o a lealtad institucional, que son manifestaciones de peso en el resultado final del modelo de financiación». De momento, hay buenas expectativas y visos de consenso, pero habrá que esperar a cómo evoluciona la negociación que tiene infinidad de aristas porque requiere del concurso de intereses territoriales y acuerdos entre los partidos en el Congreso. Por ahora, la partida continúa.
