La industria aragonesa reclama la adopción de medidas «urgentes» para hacer frente a la escalada de los precios de la energía. De lo contrario, el sector teme que se produzcan una oleada de expedientes de regulación temporal de empleo (ertes) e, incluso, de cierres de empresas. Si la situación no se endereza en los próximos días, podría además extenderse las paradas de producción, que por ahora solo se han producido en tres fábricas de la comunidad –Alumalsa, Ferroatlántica y Megasa–.

«Muchas empresas se están planteando seguir o no», aseguró ayer el presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), Javier Ferrer, que ofreció este viernes una rueda de prensa acompaño de representantes de industrias y sectores que se están viendo seriamente afectados por los precios desorbitados que han alcanzado la electricidad y el gas.

Para Ferrer, se trata de un problema «grave» que tiene «causas y soluciones» y que está teniendo un impacto mayor en la industria del que tuvo el estallido de la pandemia. Además de los condicionantes geopolíticos en la dependencia exterior del gas, culpó a «decisiones políticas» de la actual configuración del sistema eléctrico español, en el que los cargos e impuestos suponen el 47% de la factura de la luz que pagan pymes y hogares. «La descarbonización tiene sus consecuencias», apuntó, al tiempo que rechazó la especulación con los derechos de emisión e CO2. En este sentido, recriminó que se tomen medidas «en función de presiones ecológicas de pancarta» en lugar de por «criterios industriales», afirmó. Eso sí, eludió cualquier crítica o responsabilidad de las grandes eléctricas.

Desacoplar el gas

También consideró insuficientes las rebajas de impuestos aplicadas por el Gobierno desde hace medio año para abaratar el recibo. Aunque el IVA ha pasado el 21% al 10% y la tasa especial a la electricidad del 5,1% al 0,5%, aseguró que el precio desorbitado que ha alcanzado la luz en el mercado mayorista –el pasado martes alcanzó el récord de 545 euros por megavatio hora, diez veces más cara que hace un a año– hace que en la práctica llegue a ser mayor que hace un año el importe abonado por el primer tributo.

«Está en manos del Gobierno el bajar el precio de la electricidad, si quiere, puede hacerlo», concluyó. Como posibles soluciones, Ferrer abogó a corto plazo por reducir más los impuestos y desacoplar el precio del gas del de la electricidad, algo a lo que la Unión Europea ha abierto la puerta. A largo plazo, apostó por fomentar las nucleares, las renovables o la investigación en el almacenamiento de la energía como el hidrógeno.

«Nuestra factura de electricidad ha pasado de 60.000 euros al mes a 200.000 euros al mes; y la del gas, de 25.000 a 60.000», advirtió Armando Mateos, director general de Itesal. «No puede ser que la industria esté vendiendo a un precio hoy y fabricándolo a otro mañana», lamentó Ignacio Giménez, director general de la fundición Ebroacero, que reconoció que la empresa familiar está «trabajando a pérdidas» en estos momentos y no se plantea parar a pesar de la inviabilidad de los costes energéticos: «Vamos a seguir por nuestros clientes y trabajadores».

Las empresas reclaman la utilización de mecanismos de protección como los ertes por fuerza mayor –igual que los del covid–, que cuenta con mayores exoneraciones a la Seguridad Social, a fin de evitar que se conviertan en eres.

El aluminio teme una caída de la demanda

El sector del aluminio es otra de las actividades que vivo en vilo por el incremento desorbitado de los precios de la energía, pero también por el encarecimiento y la escasez de suministro de este metal. «Son unos costes impensables que nos obligan a asumirlos, por un lado, y a repercutirlos al cliente, por otro», advirtió Armando Mateos, director general de Itesal y presidente de la Asociación Española del Aluminio (AEA), que expresó su temor a que la demanda caiga en los próximos meses por esta situación.

«Pedimos soluciones aunque sean provisionales hasta que pase el desastre de Ucrania», afirmó. «Suficiente hacemos con luchar por garantizar el suministro de aluminio, que España lo está haciendo bien», agregó. No obstante, Mateos no se mostró partidario de la convocatoria de un paro general del sector, como habían propuesto algunas empresas, por el impacto negativo que esto tendría en los clientes. «Pedimos que se contenga el precio y que se tomen medidas políticas hasta que los precios sean razonables y estables», remarcó Mateos. 

Desde la asociación AEA recuerdan que desde el verano pasado se viene produciendo una evolución al alza del precio del gas y de los derechos de emisión que, con el recrudecimiento de los acontecimientos en las últimas semanas tras la invasión de Ucrania, «está llevando a las empresas del sector del aluminio a una situación límite».

Se trata de una industria formada en España por 400 empresas que dan empleo a 17.000 trabajadores. Producen un 10% del total de los productos laminados y extruidos de toda Europa (en laminados, el 7,6%, y en extruidos, el 14,2%), siendo el tercer país de Europa en transformación de este material, muy cerca de Alemania e Italia. De los 1,3 millones de toneladas que transforman al año, más de la mitad se exporta.

En Aragón, hay cuatro importantes compañías dedicadas a la fundición o estrusión de este metal, que suman cerca de un millar de empleos:Iberfoil en Sabiñánigo, Inalsa en Zaragoza y Nuez de Ebro, Itesal en Pina de Ebro e Ingalza en La Puebla de Alfindén (Malpica).