La DGA paga la deuda del tranvía de Zaragoza

El Gobierno de Aragón aprobó este miércoles el pago de 24,5 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza a cuenta de la liquidación de las obras de construcción de la línea 1 del tranvía Parque Goya-Valdespartera. El consistorio de la capital aragonesa remitió el pago tras su aprobación a primera hora en el Consejo de Gobierno y el abono llegó a las cuentas del consistorio durante la mañana.

Después de nueve años de desencuentros, impagos y procesos judiciales, con cambios de color y de opinión en los gobiernos del Pignatelli y de la plaza del Pilar –se han dado situaciones tan atípicas como que el Supremo le dio la razón a Fernando Gimeno en su figura de vicealcalde pero se la quitó como consejero del Gobierno de Aragón, cuando negó el pago–, al fin la DGA ha ejecutado el acuerdo al que llegaron en 2009 Marcelino Iglesias y Juan Alberto Belloch, que dejó de pagar primero Luisa Fernanda Rudi y que han cruzado casi un decenio.

La sentencia 841/2022 de 27 de junio, que desestimó el recurso de casación presentado por el Ejecutivo autonómico, puso punto final a la labor de los tribunales, que debieron pronunciarse sobre los impagos del convenio del tranvía que vienen de la etapa del PP, cuando Rudi ocupó la presidencia del Pignatelli hasta 2015, pero que se han prolongado durante los siete años del Gobierno de Lambán después de que Zaragoza en Común lo llevara a los tribunales.

Ahora, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictada en noviembre de 2020, es firme y establece la obligación del Gobierno de Aragón de abonar al consistorio la citada cantidad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, trasladaron al ayuntamiento en septiembre la imposibilidad de cumplir la sentencia en el corto plazo, «dado que los innumerables y graves acontecimientos acaecidos en Aragón a lo largo del año (heladas, incendios, problemas con infraestructuras…) han tensionado de manera permanente el Fondo de Contingencia», que es el que inicialmente se dota para hacer frente a las situaciones sobrevenidas, y del que finalmente ha salido más de la mitad del pago (15 millones).

El resto proviene de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (6 millones), de cuyas necesidades ha respondido la corporación empresarial, 1,4 de fondos disponibles de la sección 30 (recoge gastos de todas las áreas que no tienen concreción en el presupuesto, también se le llama diversos departamentos) y otros 2 millones corresponden al ahorro de intereses.

El consejero recordó que el pasado 30 de septiembre Lambán envió una carta al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en la que le comunicaba que antes de acabar 2022 se abonaría la deuda, a pesar de que era un año complejo. «Siempre dijo que en este ejercicio se pagaría y hoy lo hemos pagado. Nunca Lambán dijo una palabra que pudiera hacer dudar de que se iba a pagar, a pesar de que por parte del ayuntamiento daba la impresión de que su palabra se ponía en duda».

Pérez Anadón afirmó que «cumplimos con Zaragoza y los zaragozanos», como lo ha hecho «durante los casi ocho años que Lambán lleva al frente del Ejecutivo», dijo antes de presumir con algunos ejemplos como la aprobación de la Ley de Capitalidad, «que no existía» o aportando «la financiación más elevada que ha habido en la historia» para Zaragoza.

Según el consejero, «por cada euro que el Gobierno de Rudi transfería al Consistorio de la capital aragonesa, el de Lambán aporta tres». Es decir, «un 300% más».

En materia de asuntos sociales, si en 2015 la cuantía del Gobierno de Aragón para el ayuntamiento era de 6,2 millones, ahora es de 18,5, «también en la línea de ese 300%». De ellos, 10,9 provienen del convenio aprobado para financiar las competencias propias en materia de servicios sociales.

«Con Lambán al frente del Gobierno se ha firmado el convenio económico financiero, que da seguridad para la financiación necesaria de los zaragozanos», señaló el consejero de Hacienda, que criticó al ayuntamiento por adquirir varios compromisos en 2019, ratificados en 2020 y 2021 y no cumplirlos «a pesar de que son de interés para el Gobierno de Aragón por adquirir unos suelos para que haya viviendas para jóvenes en alquiler».

En cuestión de suelos, según el consejero, la única operación que ha quedado desbloqueada es la de Torre Ramona, donde hay suelos no solo del ayuntamiento, sino también de la DGA y el Estado.

«El problema que hay es grave», según Pérez Anadón, debido a que «se están utilizando las instituciones como arma arrojadiza», dijo aludiendo al alcalde zaragozano. «Lambán está cumplimiento con los zaragozanos porque es su obligación y representan el 50% de la población de la comunidad, no sé cuál será la posición de Azcón».

Azcón, «fijo discontinuo»

Además, se refirió a la «nueva faceta» que le ha conferido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «de ser un político fijo discontinuo; alcalde fijo, pero discontinuo», ironizó en referencia a que el presidente nacional de la formación conservadora desveló que Azcón sería el candidato del PP al Gobierno de Aragón pese a que este no ha dado a conocer su decisión al respecto.

«¿Por qué se usan las relaciones institucionales para intereses exclusivamente personales?», se preguntó el consejero, que recordó la petición hecha en noviembre por Azcón al Gobierno de Aragón para convocar la comisión bilateral entre ambas Administraciones. «¿Pero quién tiene la obligación de convocar la bilateral? Es el ayuntamiento, al que se le pasó el plazo en junio de 2022 y se le va a volver a pasar» esa cita «sin haberse celebrado» reuniones preparatorias.

«Es un trampantojo que se saca de la chistera (Azcón). No ha vuelto a decir ni una palabra», manifestó antes de concluir que la operación de Torre Ramona ya está desbloqueada pero quedan otras como «la aprobación del plan especial de la calle Embarcadero con el fin de impulsar 500 viviendas de alquiler para jóvenes y que tenían un plazo de tres meses desde su aprobación en la bilateral de noviembre de 2021, además de un acuerdo sobre los Juzgados de la plaza del Pilar y la Casa de la Mujer».

En cualquier caso, no parece que vaya a celebrarse ninguna reunión entre ambas instituciones. En el Gobierno de PP-Cs no ha sentado nada bien el momento elegido por Lambán para saldar su deuda, «en parte» porque no se ha abonado el millón y euros en intereses de demora generados. 

La responsable de Hacienda en el ayuntamiento, María Navarro, acusó al Ejecutivo aragonés de querer «desequilibrar» las cuentas de 2023 con «su maniobra política». Navarro, que no cree que las casualidades existan en política, lamentó que desde el PSOE hayan esperado a que se iniciase la tramitación del presupuesto, ahora en periodo de enmiendas, para aprobar el pago de los 24,5 millones.

Las triquiñuelas

«En la DGA sabían que incluíamos el pago de la deuda en los ingresos de 2023. No es casualidad que en el plazo de enmiendas hayan hecho efectivo el ingreso y que salga Lola Ranera (portavoz del PSOE en el ayuntamiento) diciendo que el presupuesto parte con un agujero de 24 millones», criticó la titular de Hacienda, que explicó que «a pesar de estas triquiñuelas, podemos endeudarnos para equilibrar el presupuesto» y sin superar la ratio de endeudamiento.

Así que al consistorio no le queda otra que recurrir a los bancos y pedir un préstamo de 24,5 millones. Una cantidad que, ahora, acabará en el remanente.

Este préstamo, que se suma a los 15 millones ya previstos para 2023, deberá autorizarlo el Gobierno de Aragón, una firma que, ya dicen por los pasillos, no llegará hasta después de las elecciones.

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