Aragón recibirá casi 7 millones de euros para pobreza infantil y atención a las familias

Aragón recibirá en 2023 una partida de 6,7 millones de euros del Programa de protección a la familia y atención a la pobreza Infantil y para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. El reparto de fondos asciende a alrededor de 200 millones a nivel nacional, según han acordado esta mañana el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Aragón ha estado representada por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto.

La partida correspondiente a Aragón se desglosa en diferentes conceptos: 1,7 millones de euros del crédito correspondiente a Protección a la familia y atención a la pobreza infantil; 539.542 euros del programa específico para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral; 810.000 euros para los programas de refuerzo de los equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, y 3.635.318,02 euros para las prestaciones básicas de Servicios Sociales.

A esta partida hay que sumar la destinada a proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano que, en el caso de la comunidad, es de 51.600 euros.

Estos fondos irán destinados a la protección de las familias, combatir la pobreza infantil, desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales y la atención al pueblo gitano. A nivel nacional se repartirán 198.704.000 euros para que las comunidades (excepto Navarra y País Vasco) financien en 2023 el Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil.

Además, se ha acordado el reparto de 2 millones de euros para atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas y promover el desarrollo y la inclusión de este colectivo.

La cuantía total de los créditos, ya establecidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, se otorgarán a las comunidades una vez el Consejo de Ministros autorice su distribución y el Consejo Territorial la apruebe definitivamente, explica Derechos Sociales.

Respecto al desglose de los fondos, 65 millones se destinarán al programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil: 50 millones para financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias (comida, higiene, ropa) y mejorar el acceso a salud, educación, vivienda y de empleo, y otros 15 millones al programa de vacaciones escolares (Veca).

Otros 25 millones de euros para programas de refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, según lo previsto en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

Y el resto, 108,7 millones de euros se destinarán a prestaciones básicas de los servicios sociales, con el fin de mantener la red de esos servicios en atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán aportar al menos una dotación económica de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución y determinarán las aportaciones de las corporaciones locales para participar en la cofinanciación, explica el Gobierno.

En la reunión, Derechos Sociales ha presentado a las comunidades el anteproyecto de la que será la primera ley estatal de servicios sociales -aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 17 de enero- que quiere garantizar un suelo común de prestaciones en todo el territorio y la movilidad de esos servicios en caso de desplazamiento de los usuarios entre comunidades autónomas.

La tramitación de la norma se prevé compleja porque varias comunidades ya han alertado de que vigilarán de que no haya ninguna invasión de sus competencias.