Polémica en una concesión del Parque del Agua

Los acreedores del spa de Ranillas piden «inhabilitar» a los culpables de la quiebra

En su escrito a la jueza señalan a todo el Gobierno para el que piden «de 2 a 5 años». La empresa calla pero admite que sí ha pedido «la culpabilidad del ayuntamiento»

Estado actual de la piscina principal del spa de Ranillas, cerrado hace 15 meses

Estado actual de la piscina principal del spa de Ranillas, cerrado hace 15 meses / MIGUEL ANGEL GRACIA

David López

David López

El spa de Ranillas tardará mucho tiempo en despejar su futuro pero lo que está en juego en el juzgado número 2 de lo Mercantil de Zaragoza va más allá de su posible reapertura. Tal y como adelantó ayer EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los dueños actuales de la concesión del Parque del Agua están en concurso voluntario de acreedores con una espada de Damocles como es una deuda de 14,6 millones de euros con más de cien acreedores. Pero en el terreno de juego judicial lo que se tiene que dirimir ahora es la responsabilidad de su quiebra. Tanto la concesionaria como 14 de esas empresas a las que debe dinero han pedido la «culpabilidad» del ayuntamiento y algunos de ellos han ido más allá y le reclaman a la magistrada que lleva el caso, Carmen Villuendas, que esta vaya acompañada de la «inhabilitación de las personas afectas a la calificación de culpabilidad del concurso de acreedores de Cublan Inversiones por un periodo de entre dos y cinco años».

Este diario ha tenido acceso a uno de esos 14 escritos dirigidos a la magistrada de Zaragoza, al parecer con un contenido muy similar al de las otras 13 empresas afectadas y en él aparece otro apartado que apunta directamente a 14 concejales de la corporación: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 455.1 de la Ley Concursal se propone la determinación como personas afectas a la declaración de culpabilidad del concurso de acreedores, como administradores de hecho, al Ayuntamiento de Zaragoza y las personas naturales integradas en el Gobierno de Zaragoza –como órgano que adoptó el acuerdo de denegación de la autorización para hipotecar». Esto equivale a señalar como responsables a todos los miembros del Gobierno PP-Cs que tomó la decisión, en enero de 2022, de rechazar la petición que hizo la empresa en octubre de 2021. Para todos ellos propone esa «inhabilitación», como apunta en el apartado segundo del escrito.

A su vez, en ese mismo apartado, pide para ellos «la pérdida de todo derecho que las personas afectadas por la calificación, sean naturales o jurídicas, públicas o privadas, tuvieran como acreedores concursales o de la masa» y la obligación de «devolver los bienes o derechos que indebidamente hubieran obtenido del patrimonio del deudor o recibido de la masa activa. En particular, a que se consiga la financiación de 3.500.000 euros contra su propia garantía personal».

Se refiere al crédito que Cublan no pudo obtener después de haberlo acordado con una entidad financiera por la decisión del Gobierno municipal de no poder avalar con la concesión del spa de Ranillas como garantía. En su día, justificada por este por la deuda de 215.000 euros que Cublan decía querer pagar con ese préstamo y por no tener licencia de funcionamiento, denegada solo diez días después de que la concesionaria pidiera autorización al consistorio para firmar esa hipoteca con el centro termal de garantía (zanjando una solicitud de licencia que llevaba diez años sin resolver).

¿Por qué no quiere hablar Cublan? La empresa rehusó hacer declaraciones ayer a este diario, porque prefiere no pronunciarse ahora sobre un asunto que está sub iudice. Aunque sí confirmaron lo publicado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, sobre todo su propia petición de culpabilidad para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Aunque uno de los letrados que les lleva la asesoría jurídica a la empresa concursada sí mostró que tiene «mucha confianza en la jueza que lleva el caso» en la sala de lo Mercantil y, a título personal, que «es lamentable que al final tengan que ser los jueces los que adopten un papel que no es el suyo para poner orden». En este sentido, el letrado subrayó que «ya hay precedentes en España de corporaciones que han sido condenadas por las decisiones que se han adoptado, como las de Alcorcón».

Y respecto al centro termal de Ranillas, también opinó que «es muy triste que un negocio como este, que podría haber sido la envidia en Madrid y Barcelona por tener unas instalaciones fantásticas a precios económicos, tenga que estar cerrado en Zaragoza y deteriorándose día a día».