El fin del mandato deja pendientes en Aragón las leyes de vivienda y emergencias

El final de la X legislatura en las Cortes de Aragón ha dejado varias leyes que habían iniciado su tramitación pendientes. Entre ellas, algunas destacadas como la de Vivienda, promovida por Chunta Aragonesista desde el cuatripartito, o la de Protección Civil y Emergencias, impulsada por el PSOE, que no verán la luz pese a tener una parte de sus trabajos avanzados. Después de cuatro años insólitos en el Parlamento aragonés, con un parón por la pandemia que también dejó su huella, hay siete proyectos de ley y 10 proposiciones de ley que se han caducado con la celebración de las elecciones.

Entre los proyectos de ley destacan también la de las entidades privadas de servicios sociales; la ley del Tercer sector de acción social; la de los aragoneses en el exterior; o la de la participación de la comunidad educativa en los centros escolares de Aragón.

En el caso de las proposiciones de ley, se han quedado por el camino la reforma de la ley del Patrimonio Cultural Aragonés; la de impulso al consumo energético de cercanía; la de tributos cedidos y la actualización de la ley de protección animal sobre la utilización de animales en espectáculos circenses.

Además, no llegó a tramitarse tampoco la ley de Cambio Climático, con la que Podemos reclamaba una empresa pública de energía, pero que no llegó ni siquiera a aprobarse en el Consejo de Gobierno dadas las discrepancias sobre la materia en el seno del cuatripartito. Entre el cuerpo legislativo que decae con la legislatura destacan las leyes de Emergencias y Protección Civil, y la de Vivienda.

La primera empezó a fraguarse tras el temporal Gloria que asoló a la provincia de Teruel. Pretendía crear un mando único centralizado en el presidente de la comunidad ante un nivel 2 de emergencias y mejorar la coordinación de los distintos equipos ante una catástrofe.

En el caso de la ley de Vivienda, aprobada en octubre por el Consejo de Gobierno, pretendía reconocer como subjetivo el derecho a una vivienda digna y establecía que las casas desocupadas pertenecientes a grandes propietarios –los que poseen más de 15– deberán ponerse a disposición de la comunidad para su gestión en diferentes programas sociales, en régimen de alquiler preferentemente. Parece difícil que un gobierno del PP las recupere.