Crónica política | La aritmética del Justicia de Aragón

Quedan diez días de plazo para que los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón presenten a un candidato o candidata para ser el futuro Justicia de Aragón y relevar a Ángel Dolado, que renunció al cargo el pasado mes de junio, pocos días después de las elecciones municipales y autonómicas. En los últimos días, las quinielas y el baile de nombres corren como la pólvora por los pasillos del Parlamento autonómico, pero unos y otros llaman a la prudencia porque las negociaciones «formales» apenas han comenzado. Unos y otros han preferido aparcarlas hasta que concluyera el debate de las enmiendas presupuestarias, para no mezclar lo profano con lo divino. Así, a diez días de que finalice el plazo oficial, el futuro del Justicia, una de las instituciones propias de Aragón, que define la historia y es una de las señas de la identidad aragonesa, está todavía en el aire.

Al Justiciazgo no le faltan candidatos, pero lo habitual es que el elegido (o la elegida) cuente desde el inicio con el beneplácito de la mayoría parlamentaria necesaria. Es decir, según marca la ley del Justicia, de los tres quintos de la Cámara autonómica. Y esa suma no es fácil, pero se explica para así evitar la competencia entre candidatos o que el propuesto por uno de los partidos no llegue a tener la confianza de la Cámara.

De hecho, en la elección del Justicia de Aragón se presencia uno de los ejercicios más altos del parlamentarismo o de vieja política. O así ha sido hasta ahora, con candidatos elegidos o por consenso o sin votos en contra. Aquí, el PP y el PSOE se saben necesarios y cooperan. Los mandatos del Justicia duran cinco años, no coinciden con las legislaturas políticas y la colaboración entre las principales fuerzas políticas del país se da por supuesta.

El PP, imprescindible en la elección

Los dos grandes partidos no lo entienden de otra manera. En esta ocasión, el resultado de las urnas del pasado 28 de mayo señala como imprescindible al Partido Popular, que podría ser el proponente del candidato, aunque cualquiera pueda hacerlo según establece el reglamento.

Lo cierto es que sus votos son indispensables para alcanzar los tres quintos de la Cámara, ya que sin los 28 diputados que actualmente atesora el PP, el resto del Parlamento nunca alcanzaría esa suma.

Por otro lado, el bloque de investidura que otorgó la Presidencia del Gobierno de Aragón al popular Jorge Azcón tampoco sería suficiente para elegir al sucesor de Dolado. La adición de votos del PP, Vox y el PAR, de 36 diputados, se queda corta. También si todos ellos sumaran a Teruel Existe, socio a posteriori del Ejecutivo PP-Vox, pues se alcanzarían 39 votos, todavía a dos escaños de los 41 que conforman los tres quintos de las Cortes de Aragón.

Experto en Derecho

La ley prevé que el Justicia de Aragón sea elegido por un amplio consenso político, sea un profesional del Derecho con un perfil que no chirríe ni a progresistas ni a conservadores y que cuente con la trayectoria y el prestigio necesarios en el ámbito del Derecho para entrar en la historia del Justiciazgo, una de las instituciones más prestigiosas de la comunidad. Fuentes parlamentarias consultadas por este diario aseguran que las conversaciones formales para definir al candidato «no han empezado», aunque serán inminentes porque el reloj apremia. Pero el baile de nombres lleva meses produciéndose.

Los aspirantes

Algunos se han erigido como candidatos sin ser señalados por los partidos políticos ni en on ni en off the record. Es el caso del Lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, que lleva sustituyendo las funciones del Justicia unos dos años, desde que Dolado tuviera que ausentarse por motivos de salud y, ahora, desde su renuncia en junio, es el máximo responsable de la institución del Justiciazgo. Con el inicio del curso político, el pasado mes de septiembre, Hernández mostró su disposición a continuar en el cargo a los grupos parlamentarios. «Si las Cortes entienden que tengo que serlo, lo seré. Si no, me iré a mi casa», dijo entonces.

También fue el pasado mes de septiembre cuando el juez Francisco Picazo se postuló como candidato a Justicia de Aragón, sin que su nombre hubiera sonado previamente entre los que se barajaban por los grupos políticos de las Cortes. El ahora presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, magistrado de larga trayectoria, se postuló para, a sus 70 años, «seguir contribuyendo a mejorar la sociedad aragonesa», manifestaron fuentes de su entorno.

Ahora, varias fuentes coinciden en que los partidos buscan perfiles en la Universidad de Zaragoza y se abre la posibilidad, por primera vez, de que una mujer asuma el cargo. Entre otros, se barajan los perfiles de una prominente investigadora en el campo del Derecho Foral, un exdecano de la Facultad de Derecho o catedráticos de la misma universidad. Y sigue sonando entre bambalinas el presidente del PAR, Clemente Sánchez Garnica, uno de los pocos miembros del núcleo duro de Alberto Izquierdo que no tiene puesto en esta nueva legislatura. Con su larga trayectoria como abogado, también cumple el perfil necesario para ser Justicia de Aragón.

Cabe recordar que el anterior Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, estuvo en el cargo durante veinte años, entre 1998 y 2018, de los que los cuatro últimos años y once meses ejerció en funciones. Antes de García Vicente, Juan Bautista Monserrat asumió el Justiciazgo durante cinco años y, previamente, desde 1987 a 1993, lo hizo Emilio Gastón, el primer Justicia de la etapa moderna.

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