El mercado negro tras las cuentas 'rider' se extiende por Zaragoza

Darwin Henríquez lleva unos meses estudiando con atención la cola de riders que aguarda en el McDonalds del Coso de Zaragoza. «Si te fijas, cuando los cocineros llaman a los repartidores, un mismo chaval recoge los pedidos de un tal Jesús y al día siguiente los de un tal Juan Carlos», explica. La sospecha se confirma en los bancos de la plaza de España, esa oficina improvisada donde los riders esperan las notificaciones de Glovo o Uber Eats con sus bicicletas y patinetes. «Son todos alquilados. La mayoría son chicos que no tienen permiso para trabajar y se están aprovechando de ellos para ganar dinero a su costa sabiendo que tienen que buscarse algo para comer. Hay intermediarios que se dan de alta como autónomos solo para alquilar y se llevan como poco el 30% de lo que se gana en cada pedido», denuncia Henríquez, un repartidor nicaragüense que lleva 22 años en España y siete trabajando como autónomo para Glovo, el mayor operador de reparto a domicilio de España.

El alquiler de cuentas está a la orden del día en el sector delivery y supone una vuelta de tuerca más en el precarizado mundo rider. Nadie sabe con certeza cuántos están alquilados porque la propia plataforma ni siquiera facilita los datos de cuántas cuentas legales tiene registradas en Aragón. Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, Glovo cuenta con una flota de unos 800 repartidores solo en Zaragoza, de los que la inmensa mayoría actúan como falsos autónomos. Los que más sufren son los últimos eslabones de la cadena: los riders extranjeros, la mayoría de ellos latinoamericanos, que están trabajando sin permiso, con identidades falsas, sin estar asegurados y desprotegidos ante posibles accidentes laborales, como el caso en el que un atropello se cobró la vida de un rider ilegal en Barcelona.

La denuncia de los 'riders' sobre las empresas: "Son como el capataz que da un latigazo cuando comete un error"

Sin embargo, Glovo se sigue moviendo en una suerte de limbo alegal pese a los requerimientos de la Inspección de Trabajo. «Tenemos conocimiento de los hechos desde hace algo más de un año y últimamente nos han llegado comunicaciones remitidas por cuerpos policiales porque los propios riders reconocen que están alquilados. No tenemos cifras, pero sí se puede decir que no es un problema aislado y que existe pluralidad de casos», apunta Jorge Serraller Manzorro, el jefe provincial de Zaragoza de la Inspección de Trabajo.

«Para mí, casi que cuatro de cada cinco repartidores está alquilado. La mayoría de los que ves con bicicleta o patinete lo están, porque los que van con moto son los que sí tienen papeles», explica Darwin Henríquez, que también es el delegado sindical de CCOO Aragón. La asociación Riders por Derechos cifra en un 60% del total el porcentaje de trabajadores que estarían en una situación irregular en España.

El asunto es complejo porque Glovo y Uber Eats siguen negándose a convertir en una plantilla fija a su flota de falsos autónomos, esos que ahora están subcontratando a terceros sin demasiado control de las empresas. Mientras tanto, Glovo ha impugnado las millonarias multas impuestas por la Inspección de Trabajo y ambas empresas se han empeñado en desacatar la ley rider.

Glovo permite subcontratar sin poner trabas

Glovo no se esconde. La empresa española que fundó Óscar Pierre, ahora operada por varios fondos de inversión, sí permite la subcontratación de sus cuentas a través de la aplicación, ya sea una o varias. Los únicos requisitos son comunicar la decisión a Glovo a través de un breve procedimiento por Internet junto al permiso de trabajo y la fotografía del repartidor al que se le alquila la cuenta. Las condiciones pueden consultarse en el Anexo III de los términos de uso de la aplicación y en ellas figura que un usuario puede «a su entera elección decidir si desea subcontratar su propia cuenta «sin que dicha notificación suponga asunción de responsabilidad alguna por parte de Glovo». Ese es el modo en el que la empresa se lava las manos de posibles fraudes, aunque en materia administrativa existen ciertas dudas.

«Evidentemente, esas cuentas tienen la autorización de Glovo. Es gente que se da de alta como autónomos y ceden el uso de la plataforma a trabajadores en situación irregular. Tenemos pendiente practicar una actuación ya que el empresario tiene que controlar quien trabaja para él de manera diligente, en un supuesto en el que además de lucrarse de su trabajo se pueden facilitar ingresos a trabajadores sin autorización para trabajar en España», indica el jefe de la Inspección de Trabajo de Zaragoza.

En términos parecidos se expresan desde la Federación de Servicios de CCOO Aragón. "Las plataformas son absolutamente conscientes de lo que está ocurriendo, pero incumplen todas las resoluciones de la Inspección y del Juzgado de Lo Social. Los riders no pueden ser autónomos. Los riders no pueden ser autónomos y sus condiciones de trabajo tienen que estar reguladas por el Estatuto de Trabajadores, sobre todo en materia de riesgos laborales, pero cada día son más precarios”, critica Gerardo Montori, responsable de la federación.

Así las cosas, no hay que buscar mucho en internet para hallar anuncios de jóvenes que se ofrecen para trabajar con cuentas alquiladas, como un chico venezolano de 22 años con iniciales G. E. que «busca cuenta de Glovo u otra aplicación de delivery en alquiler», aceptando negociar el porcentaje porque le «urge» un trabajo en Zaragoza. 

Ese es el perfil que reina en el mundo rider de Zaragoza: jóvenes que buscan un modo de ganarse la vida ante la falta de medios. Precisamente a estos chicos, denuncia Darwin Henríquez, están sufriendo «algunos retenes e identificaciones» por parte de los cuerpos policiales ante la sospecha de que no tienen permisos. Desde la Policía Local de Zaragoza aseguran que no existe ninguna campaña de este tipo más allá de las propias de seguridad vial, que ante infracciones de los repartidores sí proceden a una identificación que en algunos casos arroja. Este diario se puso en contacto con Glovo para contrastar la denuncia de los riders, pero no ha recibido una respuesta oficial.