Infraestructuras | Aragón necesita una inyección que sane sus maltrechos raíles y asfaltos

Las infraestructuras aragonesas están enfermas y necesitan una mayor inyección de dinero público. Gobierne quien gobierne, el sentimiento de olvido –sobre todo en Teruel– impera en la comunidad cada vez que se presentan unos Presupuestos Generales del Estado. La conexión por ferrocarril más allá de la alta velocidad, las carreteras de grandes capacidades fuera del corredor del Ebro y la red de vías secundarias, así como la conectividad en una tierra donde el 30% de los habitantes vive en municipios de menos de 10.000 habitantes, son las asignaturas pendientes de las administraciones con una comunidad que, todo sea dicho, tiene unas necesidades muy complejas de satisfacer, pues cuenta con el 3% de la población española a pesar de que ocupa casi una décima parte del territorio español.

La oposición quiso sacarle los colores a los Gobiernos de Aragón y España (ambos liderados por el PSOE) en el 2023 electoral por el déficit de inversiones en la red de carreteras de Aragón que la ha llevado a ser la peor conservada de todo el país, según la Asociación Española de Carreteras. Aunque el problema es crónico, de eso hizo casus belli el PP de Jorge Azcón, que, ahora en el Gobierno junto a Vox y el PAR, será el encargado de ejecutar, por ejemplo, el plan extraordinario de carreteras ideado por el cuatripartito de Lambán. El proyecto es ambicioso porque tiene un coste inicial de 500 millones de euros y apuesta por el método concesional al dividir las vías en lotes para su conservación.

Mientras tanto, el Gobierno central ha impulsado el paso inferior del enlace de la Z-40 con la A-68 para salir de Zaragoza y ha licitado por fin el último tramo de la A-23 que conectará Lanave y Sabiñánigo en uno de los mayores cuellos de botella del Pirineo aragonés, que estará finalizado en 2029. También se espera, tras varios retrasos, que este sea el año en el que se culmine el desdoblamiento de la N-232 a su paso por Mallén en el tramo de cinco kilómetros que conecta con Gallur, mientras que hace apenas unos meses el Ministerio de Transporte desbloqueó la autovía A-40 que conectará Teruel con Cuenca y Madrid. Habrá que ver si cuenta ya con consignación presupuestaria, porque la tardanza para la conformación del Gobierno de Sánchez ha dejado en tela de juicio los nuevos presupuestos. Todo queda eclipsado por las cuentas pendientes: la propia N-232 pero en sentido Castellón (el tramo de Alcañiz) sigue anclada en los estudios informativos, un paso que ni se ha dado con la A-24 entre Calatayud y Daroca. También queda por terminar la A-22 entre Huesca y Siétamo, y a la A-21 le falta enlazar con Puente La Reina en Navarra, además de la judicializada variante de Jaca, lo que hace que todo el eje pirenaico esté pendiente de rematar.

2024: La primera prueba de fuego para Azcón

De lo que no se duda es de que los esfuerzos están puestos en subir las mercancías al tren, razón por la que los corredores ferroviarios que pasan por Zaragoza (el ya famoso Cantábrico-Mediterráneo) se están electrificando y preparándose para albergar trenes de 750 metros de longitud. Del mismo modo, la reapertura del paso de Canfranc hacia Francia y la Travesía Central del Pirineo (TCP) sigue en boca de todos como una eterna promesa. Ocurre que el balón está en el tejado francés, que no manifiesta intención alguna de gastarse su dinero en apostar por el sur del país con un proyecto que volvería a conectar España y Europa.

Todo el viento a favor que llega con las mercancías se desvanece al hablar de pasajeros. Solo la alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona parece rentable mientras la red de regionales languidece entre protestas de los usuarios de Monzón, Los Monegros, el valle del Jalón o Teruel. Mientras tanto, el proyecto del AVE a Pamplona está en fase de estudio, pero de nuevo habrá que esperar a las cuentas del Estado para conocer si se le inyecta dinero. De la ampliación de la línea de Cercanías de Zaragoza (a Plaza, Gallur o Huesca) menos se sabe todavía, pese a que las fuerzas políticas ambicionan.

Más allá del transporte de viajeros, todas las miradas se dirigen al agua. Las grandes obras hidráulicas se comen a dentelladas inversiones millonarias (Mularroya y el recrecimiento de Yesa ha pasado de costar 113 millones a más de 500) mientras levantan una polvareda de disensos políticos a tenor del caduco Pacto del Agua, cada día más desfasado. Pese a todo, Jorge Azcón ya ha hablado en los primeros compases de su mandato de recuperar un proyecto similar a Biscarrués (tumbado por el Tribunal Supremo) con buena parte de los agricultores de su lado mientras Cataluña languidece por la sequía. Al mismo tiempo, el Estado y el Gobierno de Aragón llevan años subvencionando la modernización de regadíos con fondos propios y dinero de Europa. La última remesa dejó 131 millones de euros en la comunidad.