LA POBREZA ENERGÉTICA

El bono social eléctrico llega ya a más de 41.000 hogares de Aragón

El número de beneficiarios en la comunidad crece en 10.000 en dos años por la crisis energética y la flexibilización de las condiciones

Las familias numerosas suponen el 27% de los clientes con la tarifa de luz rebajada mientras no llega la reforma del Gobierno para poner topes de renta a este colectivo

El bono social eléctrico, que actualmente permite acogerse a descuentos de entre el 65% y el 80% en la factura de la luz a los consumidores que se consideran vulnerables, ha ganado más de 10.000 beneficiarios en Aragón en los dos últimos años. En estos momentos un total de 41.407 hogares de la comunidad (30.558 en Zaragoza, 6.290 en Huesca y 4.559 en Teruel) gozan de esta tarifa rebajada, según datos a 30 de septiembre de 2023 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Se trata de la cifra de perceptores más alta de los últimos años. En concreto, se ha incremento 18% respecto a los 35.157 que había al inicio del año pasado, en el mes de enero, y un 34% desde finales de 2021, cuando había 30.911 familias aragonesas acogidas a esta ayuda. También se sitúa por encima del registro alcanzado en abril de 2020, pocas semanas después del estallido del coronavirus. Entonces, había 37.347 usuarios del bono social eléctrico.

El repunte es lógico teniendo en cuenta los precios récord que alcanzó la electricidad en 2022, cuando familias y empresas tuvieron que hacer frente a un considerable sobrecoste por este servicio básico. Otra de las razones que explica el incremento de beneficiarios es que el Gobierno de Pedro Sánchez flexibilizó hace dos años los requisitos para acceder al bono social. La fórmula para llegar a más gente fue elevar los umbrales de ingresos máximos para poder acceder a la subvención. El baremo mínimo pasó de 1,5 veces el IPREM y a 0,5 veces el índice.

Criterios de concesión

El objetivo de extender el perímetro de la ayuda se ha cumplido en Aragón, pero la cifra sigue siendo baja a ojos de las asociaciones de consumidores y entidades sociales, que estiman que muchos de los que sufren pobreza energética se quedan fuera de la ayuda, bien por desconocimiento o por el farragoso papeleo que se exige para solicitarla.

Endesa representa al 90% de los beneficiarios de la ayuda que hay en Aragón a través de su comercializadora del mercado regulado (Energía XXI). Estar en este régimen, el de la tarifa de último recurso (TUR) en el que operan un total de ocho empresas de referencia, es una condición imprescindible para optar a la ayuda.

La eléctrica líder en este territorio cuenta 38.582 clientes en la comunidad adheridos al bono social, según los datos a 29 de diciembre facilitados por la compañía, frente a los 32.744 que tenía a comienzo del año pasado. Esto supone que hay 5.838 hogares más con esta protección social que hace once meses, lo que supone un incremento porcentual del 18%.

Familias numerosas, sin límite de renta

De ese bono pueden hacer uso también todas las familias numerosas sin tener en cuenta sus niveles de renta. En el caso de Aragóna finales de septiembre había 11.318 hogares pertenecientes a este colectivo que se beneficiaban de estos descuentos en el recibo eléctrico, es decir, el 27% del total de receptores de la ayuda.

El Gobierno central anunció en marzo de 2023 una reforma para empezar a aplicar topes de renta familiar para acceder a las ayudas (actualmente las familias numerosas las reciben con independencia de sus ingresos) y evitar que accedan a ellas algunos hogares que realmente no los necesitan.

El anuncio se produjo en plena polémica tras conocerse que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, y la líder autonómica de Más Madrid y hoy ministra de Sanidad, Mónica García, estaban percibiendo los bonos sociales de luz y térmico por su condición de familias numerosas y a pesar de que sus sueldos públicos les alejaban del perfil de consumidor vulnerable.

Diez meses después de aquel anuncio, la reforma prometida sigue sin llegar y desde el Ministerio para la Transición Ecológica se apunta que se sigue trabajando en ella, que mantiene abierto el diálogo con las asociaciones de familias para alcanzar el máximo consenso y que no se marca plazos para abrir un proceso de audiencia pública para la reforma que antaño se consideraba urgente.