La construcción aragonesa lanza un plan de pensiones sectorial pionero en España

Unos 26.000 trabajadores y 11.500 autónomos del sector de la construcción en Aragón contarán desde febrero con un plan de pensiones sectorial al que aportarán en torno al 1% de su salario anualizado. Supondrá una base de unos 300 euros al año para un oficial de primera para empezar a edificar una mochila de ahorros con el que la patronal y los sindicatos quieren revitalizar un sector escaso de mano de obra que mira con temor la falta de relevo generacional. Y como se va a aplicar con efectos retroactivos a 2022, la mochila de ese oficial de primera contará a finales de este año con unos 900 euros.

Este vehículo del ahorro para empresas, trabajadores y autónomos será el primero que aglutinará los intereses de todo un sector, dado que hasta ahora los planes de pensiones siempre habían sido de carácter privado o dentro de grandes compañías, como Telefónica y otras bancarias. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social (bajo el mando de su anterior responsable, el socialista José Luis Escrivá) impulsó un nuevo reglamento que busca lanzar este modelo de ahorro a escala sectorial y la construcción será el primero en lanzarse a la piscina.

"No es una mochila austriaca, pero va en esa línea. La idea es que sirva como un complemento adicional a las pensiones del Estado", ha resumido Juan Carlos Bandrés, el presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, que ha explicado los pormenores del asunto junto al secretario general de UGT-FICA Aragón, Manuel Grande. Los responsbales de CCOO, que también firmaron el convenio, no estaban presentes al estar la federación controlada por una gestora hasta nuevo aviso. Por su parte, Grande ha calificado el plan de "un paso importante" para la transformación de un sector puesto en jaque por la escasez de mano de obra.

En base a las subidas salariales

El plan se nutrirá de la subida salarial pactada en el último convenio estatal de la construcción, donde se recoge un incremento del 10% para el periodo 2022-2024. La subida salarial pactada para 2022 es del 4%, de los que el 3% se inyectará a las nóminas y el 1% restante irá al programa de pensiones de cada trabajador. Para 2023, la subida pactada es del 3%, de la que una tercera parte volverá a destinarse al plan de empleo. En el caso de 2024, cuando el acuerdo contempla un alza del 2,75%, la mochila se cargará con un 0,25%.

La adhesión a este plan es obligatoria para todas las empresas y trabajadores autónomos con trabajadores por cuenta ajena a los que se aplica el VII Convenio General del Sector de la Construcción, mientras que los autónomos sin trabajadores podrán adherirse de forma voluntaria. El pago por parte de las empresas deberá efectuarse de forma única aglutinando las contribuciones de 2022, 2023 y enero de 2024. A partir del año 2025, los agentes sociales (CNC, CCOO del Hábitat y UGT-FICA) tendrán que negociar las aportaciones en el próximo convenio general.

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La gestora del plan será la filial de La Caixa especializada en pensiones, VidaCaixa, que aspira a gestionar 3.000 millones de euros en aportaciones para ahorro complementario dentro de una década en todo España, según informó la propia entidad bancaria en un comunicado.

Las 4.500 empresas cuyas condiciones laborales rige el convenio obtendrán bonificaciones de hasta el 10% del impuesto de Sociedades por aportaciones de trabajadores con sueldo hasta 27.000 euros anuales y tanto trabajador como empresa se desgravan una parte de las cotizaciones sociales y rebaja la base imponible del IRPF.

Siniestralidad laboral

Preguntados por las disparadas cifras de siniestrabilidad laboral mortal en Aragón, que se cobró el pasado año la vida de 35 trabajadores de los que un 25% eran de la construcción, los representantes de la patronal y UGT han reconocido que la mayoría se produjeron en empresas muy pequeñas y en el medio rural, matizando que es "necesario e imprescindible" concienciar tanto a las empresas como a los trabajadores.

Manuel Grande ha sido muy crítico con las contradicciones que entraña la legislación, que no obliga a los autónomos sin trabajadores por cuenta ajena a formarse en prevención de riesgos laborales. Bandrés ha incidido en que el sector de la construcción está en transformación que debe ser "importante" y en evolución porque ha llegado el momento de ofrecer un nuevo tipo de producto con precios adecuados.