Trabajo recupera 44 millones que pagó de más por los ertes covid a 27.400 zaragozanos

El SEPE completa la regularización en la provincia de los abonos indebidos que se hicieron con las prestaciones de paro concedidas al inicio de la pandemia

La urgencia por autorizar los expedientes de suspensión de empleo provocó un exceso en las ayudas de miles de trabajadores

Un hombre pasea junto a una oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de gestionar las prestaciones de paro y otros subsidios. | EUROPA PRESS

Un hombre pasea junto a una oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de gestionar las prestaciones de paro y otros subsidios. | EUROPA PRESS / jorge heras pastor

Pronto se cumplirán cuatro años del estallido de la pandemia del covid-19, que puso patas arriba la vida cotidiana y obligó al Gobierno a desplegar los ertes (suspensiones temporales de empleo) para proteger a los trabajadores. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) jugó un papel crucial en la gestión de un escudo social al que se acogieron más de 120.000 personas en Aragón, pero se vio desbordado por la avalancha de solicitudes de prestaciones de paro que recibió, que alcanzaron un volumen sin precedentes. La prioridad entonces fue que las familias no se quedaran sin rentas en un momento tan delicado, así que los expedientes se aprobaban casi de forma automática. El problema es que se hicieran pagos erróneos a miles de perceptores.

Las regularización de esos abonos indebidos se ha resuelto por completo, al menos, en Zaragoza, donde se han recuperado un total de 44 millones de euros que en su día se pagaron de más a 27.414 trabajadores.

Aunque ha llevado su tiempo, el organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo ha conseguido retornar al erario público esta elevada cantidad de dinero. Los funcionarios del SEPE han tenido que emplearse a fondo para hacerlo posible, un arduo trabajo de requerimientos, reclamaciones y gestiones administrativas que se han prolongado durante más de tres años completos. El proceso se inició en el año cero de la pandemia, desde noviembre de 2020, cuando ya se recuperaron 10 millones. En 2021, se rescataron otros 14 millones, la misma cifra que se reintegró en 2022. La depuración de los pagos indebidos culminó en 2023, con la devolución de 8 millones. Las últimas cantidades se restituyeron el pasado diciembre (casi 250.000 euros).

La recuperación de todas estas cantidades se ha hecho con la aprobación de más de 3.000 expedientes de fraccionamiento de deuda. De forma individualizada, el perceptor elaboró su propuesta de pago para ajustarse a sus necesidades económicas. Esta fórmula facilitó la devolución a los trabajadores a los que se había pagado de más, algo que se debió en muchos casos a que volvían a sus empleos sin que las empresas comunicaran la baja de la prestación.

«Estamos limpios en esta materia», afirmó Laura Carvajal Polo, directora provincial del SEPE en Zaragoza, que destacó el gran esfuerzo realizado por el personal del servicio en los tiempos más duros de la pandemia: «De un día para otro hubo que hacer un cambio de gestión en la metodología de trabajo y la actividad se multiplicó por siete y por ocho». De los 400 ertes por mes que se atendía el organismo se pasó en poco tiempo a 14.700 expedientes y el número de beneficiarios de las prestaciones de 32.000 a 120.000 personas. Las nómina mensual se disparó de 20 a 120 millones.

Una plantilla de162 funcionarios

«Los ertes se convirtieron en el salvavidas económico de las familias. La prioridad era que cobrarán, era lo que la sociedad requería en ese momento», subrayó Carvajal, que accedió al cargo hace seis meses en sustitución de Fernando de Miguel, que se jubiló.

La actividad del organismo se ha ido normalizando desde entonces, a lo que ha ayudado también la buena marcha del empleo en Aragón. El pagó de prestaciones en Zaragoza alcanzó 254 millones de euros en 2023, una cuarta parte de los más de 800 millones que llegó a abonar en 2020.

La plantilla del organismo en Zaragoza está compuesta por 162 trabajadores, de los que 75 corresponden a la dirección provincial –situada en la avenida Tenor Fleta, 55–, otros 75 están repartidos en cinco oficinas urbanas de empleo –en espacios compartidos con el Inaem– y una docena en cuatro sedes comarcales (Ejea, Caspe, Calatayud y Tarazona). Hay varias vacantes sin cubrir a la espera de que se resuelva la oferta pública de empleo. «Si tuvieron más efectivos mejor. Nuestro objetivo es atender al mayor número de usuario en el menor tiempo posible», recalcó la directora. El sistema de cita previa presencial funciona sin grandes dilaciones y se estudia la implantación de otros mecanismos de atención al público.

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