Sanidad

El decreto para retener a los Mir en Aragón estará antes de fin de año

Este jueves acaba el plazo de los sindicatos para presentar alegaciones

El consejero de Sanidad se ha mostrado "preocupado" por las agresiones a sanitarios y ha asegurado que poner un vigilante de seguridad en un centro de salud cuesta 70.000 euros.

Entrada al último examen Mir en Zaragoza.

Entrada al último examen Mir en Zaragoza.

Eva García

Eva García

El jueves, 14 de marzo, termina el periodo de alegaciones del decreto presentado a los sindicatos sanitarios para atraer talento de los residentes. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, minutos antes de asistir al acto de la toma de posesión de la nueva junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, se ha mostrado "optimista", aunque también ha asegurado que "no nos podemos demorar en exceso porque sabemos que otras comunidades están llamando a nuestros residentes, por lo que ya vamos... un poco justos de tiempo", ha señalado. Además, ha indicado que "todos tenemos que ir de la mano" para retener ese talento "y fidelizar a los que quieran quedarse".

Ese decreto estará "antes de final de año" para que Aragón "pueda hacer un planteamiento de lo que queremos que sea la sanidad del siglo XXI". Ese plan no podrá estar antes ya que este año los residentes terminarán en septiembre, por lo que ya se pidió al ministerio que flexibilizara "la acreditación de los centros sanitarios" y así puedan realizar su actividad laboral sin tener que ir "de la mano del tutor", a lo que obtuvo el visto bueno del Ministerio de Sanidad. Esto paliará alguno de los problemas que surgirán para suplir las vacaciones de los facultativos "porque en bolsa no hay ninguno"

Además, ha puntualizado que falta "definir la parte económica" pero se mantiene la formación, la conciliación familiar y la necesidad de "valorar servicio por servicio para llegar a ese acuerdo".

Preguntado por las agresiones a sanitarios, se ha mostrado "preocupado" por el incremento del 49% (hasta las 722) registradas en el salud. Por eso se han implantado medidas de alarma como el botón del pánico, se está trabajando en la extensión de los dispositivos de geolocalización, sobre todo en el ámbito rural; y ha reconocido que en los centros con mayor incidencia se pondrán vigilantes de seguridad, lo que supone "unos 70.000 euros" por vigilante y centro. Esto "supone un gran esfuerzo para sanidad porque pondremos recursos en seguridad que podrían destinarse a profesionales sanitarios", ya que esa aportación es casi la nómina de un médico y un poco más que la de una enfermera.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, han reconocido que no tienen constancia de ninguna agresión, pero "verbales, a menudo, porque no se les da la medicación que demandan o no tienen receta", ha señalado Raquel García, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.